Las autoridades de México están utilizando cada vez más la vigilancia electrónica en las investigaciones y operaciones contra el crimen organizado, pero el creciente uso de estas herramientas plantea interrogantes acerca de su eficacia y genera temor sobre posibles abusos.
Un reciente informe de Milenio reveló que en los últimos cuatro años la Procuraduría General de la República de México ha otorgado la aprobación legal para interceptar más de 1.800 líneas telefónicas privadas. El número de órdenes de interceptación de teléfonos pasó de 396 en 2013 a 584 en 2016, un aumento de casi el 50 por ciento.
Además, durante los últimos cuatro años los organismos de seguridad presentaron más de 36.000 solicitudes de información a diversas empresas de tecnología y comunicaciones, como Google, Hotmail, Yahoo y Microsoft, así como a universidades privadas. Milenio señala que, a diferencia de las interceptaciones telefónicas, estas solicitudes de información no requieren aprobación judicial cuando están relacionadas con investigaciones sobre el crimen organizado.
La cantidad de esas solicitudes de información no ha aumentado al mismo ritmo que la cantidad de interceptaciones telefónicas. Según Milenio, unas 7.800 solicitudes fueron hechas en 2013, en comparación con más de 12.500 en 2014, más de 8.100 en 2015 y un poco más de 7.800 en 2016.
Al parecer, las autoridades también están utilizando con más frecuencia las tecnologías de localización geográfica de teléfonos en tiempo real. Milenio informó que el uso de estas herramientas pasó de 473 casos en 2013 a más de 1.300 en el año 2016.
Análisis de InSight Crime
Existen algunos casos anecdóticos en los que la vigilancia electrónica ha ayudado a los organismos de seguridad mexicanos en casos importantes. Por ejemplo, según los informes, la tecnología de localización geográfica de teléfonos celulares ayudó a las autoridades a localizar al líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, durante un operativo que condujo a su captura en el año 2014.
Sin embargo, no hay claridad sobre el impacto de las herramientas de vigilancia electrónica en la situación de seguridad de México en general. El aumento en las interceptaciones telefónicas y el uso de las herramientas de localización en tiempo real no parecen haber tenido mucho impacto en los altos niveles de violencia criminal en México. De hecho, aunque estas tecnologías pudieron haber ayudado a capturar a miembros de alto rango de poderosos grupos criminales, esta estrategia de persecución de los capos ha llevado a fragmentar a los grupos criminales, y a desatender los factores subyacentes generadores del crimen organizado.
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El creciente uso de tecnologías de vigilancia electrónica por parte de las autoridades mexicanas también genera temor por posibles abusos, especialmente si se tiene en cuenta la reputación de las fuerzas de seguridad mexicanas de violar impunemente los derechos de los ciudadanos.
El mal uso de estos equipos se ha documentado en otros países latinoamericanos en los últimos años. Un ejemplo de ello es el escándalo en 2009, que involucró al ya desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Colombia, donde se descubrió que la agencia de investigación e inteligencia estaba espiando a los opositores políticos del entonces presidente Álvaro Uribe. La exdirectora del DAS fue condenada en 2015 a 14 años de prisión por su participación en este caso.
Por otro lado, Panamá está buscando la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, quien es requerido por múltiples cargos, incluyendo las acusaciones de que usó equipos de vigilancia electrónica para espiar a sus propios enemigos políticos.
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