Las autoridades en México han pedido reformas legales que vincularían el crimen medioambiental con el crimen organizado, una medida que, de adoptarse, generaría una importante mejora en la manera como el gobierno combate el flagelo del tráfico ilícito de vida silvestre en toda Latinoamérica.
En una reciente conferencia sobre el crimen contra la vida silvestre y los bosques, realizada en Cancún, delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señalaron que la falta de un marco normativo que vincule el crimen medioambiental con el crimen organizado ha impedido la acción efectiva contra los ecotraficantes de la región, según un informe de El Universal.
Israel Alvarado, director de la unidad de delitos ambientales de Profepa, habló de la necesidad de reformas legales en toda la región, que reconozcan la conexión entre el crimen medioambiental y el organizado. Alvarado declaró que los traficantes de vida silvestre usan los mismos métodos y rutas que los traficantes de armas y de drogas, y que conectarlos permitiría a los investigadores usar herramientas que ya se están empleando en la lucha contra el crimen organizado, como interceptaciones telefónicas, vigilancia electrónica y operaciones encubiertas.
Alvarado también recomendó considerar las ganancias derivadas del ecotráfico una forma de lavado de dinero, permitiendo así a las entidades bancarias y a las unidades de investigación financiera ayudar en el desmantelamiento de dichas redes.
La conferencia, organizada por Profepa y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), buscaba identificar estrategias comunes para combatir el crimen medioambiental, y contó con la presencia de delegados de 16 países de Latinoamérica y El Caribe.
Análisis de InSight Crime
Las peticiones de relacionar el crimen medioambiental con el crimen organizado son quizás señal de una conciencia mayor sobre la prevalencia del ecotráfico en Latinoamérica, y la necesidad de tomar medidas legales para combatir sus efectos perjudiciales.
El mercado negro de vida silvestre es un gran negocio, que deja a los traficantes ganancias netas estimadas en US$19 mil millones al año en todo el globo. Por su biodiversidad, Latinoamérica es una región clave en el abastecimiento de este comercio ilícito, dentro de la cual la práctica de las “aletas de tiburón” —mediante la cual se mata a los tiburones para quitarles sus aletas, que se usan a una sopa de aletas de tiburón, un manjar en Asia— constituye un problema especialmente grave. Efectivamente, pocos días después de terminada la conferencia en Cancún, las autoridades mexicanas confiscaron 3.559 kilos de aletas de tiburón y 529 vejigas de pez (también usadas como ingrediente para caldos), que tenían como destino Hong Kong.
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Además del tráfico de vida silvestre, la tala ilegal es otra importante industria criminal en varios países en toda la región, en especial en Perú y Brasil.
El desafío de enfrentar el ecotráfico en Latinoamérica está compuesto de varios problemas. Ellos incluyen una falta general de conciencia, débil vigilancia y control legal y una multitud de grupos criminales con redes de contrabando preexistentes listas para aprovechar el comercio.
Así las cosas, si los países latinoamericanos efectivamente comenzaran a perseguir a los ecotraficantes, como ya lo hacen en gran parte con las redes del crimen organizado, es muy probable que éste fuera un paso importante en el combate a un comercio que ha tenido impactos ambientales devastadores en toda la región.
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