Un exalcalde de Guerrero, México -quien ha estado huyendo desde que desaparecieron 43 manifestantes estudiantiles a finales de septiembre- ha sido capturado junto con su esposa. Sin embargo, la pregunta de lo que pasó con los estudiantes aún sigue sin respuesta.
En una conferencia de prensa, el procurador general Jesús Murillo Karam de México confirmó la detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. La pareja fue capturada por la policía federal el 4 de noviembre, sobre su presunta participación en las desapariciones que tuvieron lugar el 26 de septiembre.
Las autoridades dijeron haber inspeccionado los inmuebles propiedad de Abarca y su esposa en varios lugares del país. Esto los condujo a una residencia en el barrio de Iztapalapa de Ciudad de México, donde la pareja fue capturada en las primeras horas de la mañana.
El procurador general ha acusado a la pareja de haber ordenado el ataque contra los manifestantes estudiantiles, el cual fue llevado a cabo por el grupo criminal Guerreros Unidos. Según Murillo, la policía local entregó a los estudiantes a la organización criminal, que se cree que tiene estrechos vínculos con la pareja. El presunto líder de Guerreros Unidos fue detenido el 16 de octubre.
En el momento de su captura, había tres órdenes de detención contra Abarca -dos de ellas en relación a las desapariciones de los estudiantes y una conectada a un caso de asesinato de 2013, informó Animal Político.
Análisis de InSight Crime
Bajo la mirada pública, la detención del exalcalde y de su esposa puede ser vista como un paso hacia adelante en un caso que, a pesar de la indignación internacional, ha avanzado lentamente en el último mes. Sin embargo, la pregunta más importante sigue sin resolverse: el paradero de los 43 estudiantes.
El gobierno ha dicho que los cuerpos encontrados en varias fosas comunes después del incidente no eran los de los estudiantes, y aún no ha hecho ningún comentario sobre la identidad de los cuerpos descubiertos en nueve fosas más, el 23 de octubre (Vea abajo la línea de tiempo de InSight Crime para un desglose completo de los eventos relacionados con las desapariciones en Iguala.)
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Con México bajo un intenso escrutinio internacional sobre el manejo que le ha dado al caso, las autoridades pueden estar sintiendo presión para actuar con rapidez en el procesamiento de Abarca y su esposa.
La protesta por otro escándalo reciente parece haber apresurado la acción: siete soldados mexicanos fueron acusados en un tribunal civil después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México confirmara que al menos 15 de las 22 víctimas en un "tiroteo" ocurrido en junio entre presuntos delincuentes y las fuerzas armadas, habían sido ejecutadas sumariamente. Sin embargo, sólo tres de los soldados enfrentan cargos por homicidio agravado, mientras que el resto sólo enfrenta el cargo menos grave de "acciones impropias para el servicio público".