Las autoridades de México han acusado al exalcalde de Iguala de ordenar el ataque contra 43 estudiantes que desaparecieron en el estado de Guerrero; otra revelación sobre la profundidad de la complicidad oficial con el crimen organizado en la región.
En una conferencia de prensa el 22 de octubre, el procurador general de México Jesús Murillo Karam, dijo que José Luis Abarca Velázquez -el alcalde de la ciudad de Iguala, en Guerrero- y su esposa ordenaron los ataques contra los estudiantes porque estaban planeando protestar en un evento organizado por el gobierno de la ciudad, informó el Universal.
La investigación de la Procuraduría General de México (PGR) reveló que los estudiantes habían sido detenidos por la policía, y luego entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Los estudiantes presuntamente fueron llevados a un lugar cerca de la residencia de un miembro de alto rango de Guerreros Unidos, conocido como "El Gil". Hasta el momento, las autoridades han encontrado nueve fosas clandestinas cerca de este lugar, con 30 cadáveres que aún no han sido identificados, informó Milenio.
Según Karam, un líder capturado de Guerreros Unidos dijo a las autoridades que la esposa del alcalde -que trabaja junto al director de seguridad pública de la ciudad- era la principal operadora política de la banda. Karam también dijo que la alcaldía realizaba pagos regulares de entre US$150.000 y US$225.000 a Guerreros Unidos, a cambio de su colaboración. La banda gastó unos US$45.000 de este dinero para sobornar a la fuerza de policía local.
El alcalde, su esposa, y el director de seguridad pública de la ciudad siguen prófugos.
Análisis de InSight Crime
Aunque el destino de los 43 estudiantes desaparecidos sigue siendo incierto, lo que cada vez está más claro es el grado en el que el crimen organizado se ha apoderado de las instituciones del Estado en lugares como Guerrero.
Es muy común que los políticos locales mantengan vínculos con grupos del crimen organizado en México -aunque algunos no siempre son colaboradores dispuestos, como lo muestra el alto número de alcaldes asesinados. Sin embargo, el caso de Iguala ilustra cómo esta relación puede ser beneficiosa para ambas partes: mientras el crimen organizado coopta el estado con el fin de garantizar protección o desviar los recursos, los funcionarios corruptos se apoyan en grupos criminales para cometer actos violentos con fines personales o políticos.
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Aunque el caso de Iguala ha capturado la atención de la opinión pública debido a la aterradora escala del ataque, está lejos de ser el único. Hace apenas un mes, una alcaldesa en el estado de Michoacán fue acusada de contratar a sicarios del grupo criminal los Caballeros Templarios, con el fin de matar a alguien con quien ella había tenido una disputa personal.
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