Los legisladores mexicanos dieron un paso adelante para consolidar el rol del ejército en la lucha contra el crimen organizado, pese a las voces críticas que preguntan por la implementación de los mecanismos de vigilancia para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.
El 30 de noviembre, la cámara baja del Congreso de México, la cámara de diputados, aprobó la Ley de Seguridad Interior, según información de Animal Político. El proyecto de ley pasará ahora al Senado para continuar el debate.
De ser aprobado, este proyecto de ley daría al presidente la facultad de ordenar la intervención de las fuerzas armadas del país en situaciones que “amenacen la seguridad interna”. También daría la faculta al ejército de emplear cualquier “método de extracción de información dentro del marco legal” en la realización de labores de inteligencia, entre otros.
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El debate sobre el proyecto de ley se da en el marco del deterioro de la situación de seguridad en el país. Los 2.371 homicidios cometidos en octubre lo dejan como el mes más violento en lo corrido de 2017. Más aún, este año se dirige a situarse como el más letal de la historia moderna del país.
Pese a que la facultad del ejército está expresada claramente en el proyecto de ley, el secretario de Gobernación de México Miguel Ángel Osorio Chong declaró en un boletín de prensa que la ley “no pretende militarizar el país”.
Análisis de InSight Crime
La medida para convertir en ley la intervención militar no es precisamente una sorpresa. La administración de Enrique Peña Nieto ha preferido por largo tiempo al ejército sobre la policía en la lucha contra el crimen organizado. La decisión de México de ampliar el rol del ejército también sigue una tendencia regional.
Sin embargo, cuando se da luz verde a las fuerzas armadas para intervenir en problemas de seguridad nacional, es más difícil llevarlos a rendir cuentas. Al contrario de la policía, que en la mayoría de los países trabaja bajo la jurisdicción del ministerio del interior y está sujeta a organismos legales y regulatorios dirigidos por civiles, las fuerzas armadas normalmente tienen organismos regulatorios y judiciales paralelos.
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En México esto ya ha sido un problema. Un informe reciente de la Oficina en Washington para Asuntos de Latinoamérica (WOLA por sus siglas en inglés) halló que las autoridades castrenses obstruyen y dilatan las investigaciones sobre presuntos abusos cometidos por sus miembros “reteniendo, falsificando o saboteando evidencias y declaraciones”.
Otros países enfrentan dilemas similares. Los legisladores brasileños, por citar un ejemplo, aprobaron recientemente una controvertida medida que daría al ejército jurisdicción en casos de abusos cometidos por las fuerzas armadas, una ilustración de cómo las fuerzas armadas pueden llegar a controlar el acceso a la información en casos de mala conducta.
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