Un senador de México ha propuesto endurecer las penas por producción ilegal y robo de fármacos, en un nuevo intento por reprimir el boyante mercado negro de productos farmacéuticos en el país.
Según la iniciativa del senador Ricardo Monreal, quien sea declarado culpable de falsificar, contaminar o alterar productos farmacéuticos enfrentaría penas de prisión hasta de 30 años y multas por 11 millones de pesos mexicanos (US$573.000). Su propuesta también contempla que quienes sean condenados por el robo de medicamentos paguen penas de prisión hasta por diez años.
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Con el endurecimiento de las sanciones legales contra los implicados en el mercado negro farmacéutico, Monreal espera mitigar una epidemia clandestina que está afectando la salud pública de los mexicanos y su economía global.
Según la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIF), el 60 por ciento de los medicamentos comercializados en el país son robados, están caducos, falsificados o se producen sin los requerimientos mínimos de calidad.
México tiene el sexto mayor mercado del mundo en fármacos clandestinos, lo que equivale a cerca de ocho millones de consumidores y produce pérdidas anuales estimadas en US$150 millones en todo el territorio nacional.
Jalisco, Michoacán, Puebla, Ciudad de México y Nuevo León, son los cinco estados en los que un ciudadano tiene más probabilidades de encontrar medicamentos robados o de fabricación ilegal.
Análisis de InSight Crime
Por años, las autoridades de salud mexicanas han tenido dificultades para contener la falsificación, el robo y la venta de fármacos ilegales. El elevado costo de los medicamentos legales y el limitado impacto de los esfuerzos del gobierno por atacar a los comercializadores clandestinos han creado un entorno en el que los grupos criminales pueden operar con impunidad.
Estos grupos venden medicamentos robados o falsificados en línea o en comercios callejeros, en ocasiones por precios hasta seis veces por debajo de los medicamentos legales, y sin prescripción. Ante la falta de regulaciones estrictas, los expendedores callejeros no hacen intentos por ocultar los números seriales de los productos robados, y muchas veces medicación sin empaque ni fecha de vencimiento.
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Las estrategias para contener esta economía ilegal se han centrado en decomisos e identificación de sitios web dedicados a la venta de medicamentos ilegales. Entre 2011 y 2017, las autoridades federales incautaron 537 toneladas de fármacos, incluyendo una carga récord de 166 toneladas en Zapopán, Jalisco, en noviembre de 2013.
Además, la Comisión Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha bloqueado más de 8.500 páginas web que comercializaban medicinas clandestinas.
Sin embargo, esos esfuerzos han sido insuficientes para detener el crecimiento del mercado negro de medicamentos, cuyo valor se duplicó entre mediados de 2017 y mediados de 2018 y ahora representa el nueve por ciento del valor total del mercado farmacéutico en México.
Es claro que para Monreal endurecer las penas disuadirá a los delincuentes de participar en esta economía ilegal. Pero la estrategia es limitada, pues es improbable que logre atacar el problema mayor, como es la insuficiente regulación para los medicamentos legales.
Con este fin, la diputada Lizette Clavel Sánchez ha propuesto que el sector de la salud en México estandarice los procedimientos de compra de productos farmacéuticos y cree empaques exclusivos para los productos medicinales genuinos, con el fin de garantizar la calidad de los medicamentos y garantizar que haya puntos de compra centralizados.
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