El presidente de México Enrique Peña Nieto ha propuesto una lista de 10 reformas a la seguridad y la justicia, en un esfuerzo por calmar la indignación pública provocada por la desaparición forzada de 43 manifestantes estudiantiles –que presuntamente fueron asesinados por orden de las autoridades locales.
Dos de las propuestas clave de la lista anunciada el 27 de noviembre quitarían poderes a las fuerzas de seguridad locales, lo que requeriría modificar la Constitución.
La primera medida consiste en permitir al gobierno hacerse cargo de la seguridad en los municipios donde hay evidencia de que las autoridades locales actúan en connivencia con el crimen organizado. La segunda sería reemplazar las 1.800 policías municipales del país por las 32 policías estatales únicas, y sancionar a los gobernadores o alcaldes que no cumplan con esta orden, según Milenio. Esto se refiere al "mando único", propuesto anteriormente por el presidente, el cual no ha sido aplicado plenamente debido a la resistencia de las autoridades.
Una tercera medida tiene como objetivo definir mejor las responsabilidades de los diversos cuerpos de seguridad. El gobierno también planea desplegar fuerzas federales en Michoacán y Guerrero, dos estados del suroeste del país asediados por el conflicto. Guerrero es hogar de la ciudad de Iguala, lugar de la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre.
Cuatro reformas adicionales abordan las deficiencias judiciales y la transparencia del gobierno, incluyendo planes para fortalecer las investigaciones sobre las desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos.
Otras propuestas incluyen la creación de un número de teléfono de emergencia nacional y un código de identificación único para todos los ciudadanos mexicanos.
Análisis de InSight Crime
Los anuncios de Peña Nieto son una prueba más de que el caso Iguala está obligando al gobierno a enfocarse en el tema de la seguridad -algo que el presidente ha tratado de evitar durante todo su mandato al cambiar el énfasis hacia la economía.
La desaparición de los 43 manifestantes estudiantiles ha provocado protestas masivas que aún persisten, y ha puesto al historial de derechos humanos de México bajo el escrutinio público. El caso, en el que el alcalde de Iguala fue arrestado por presuntamente ordenar a un grupo criminal local y a la policía municipal atacar a los estudiantes, obligó al público a reconocer la profundidad de la corrupción en los gobiernos locales de México, y destacó el problema más amplio de las desapariciones.
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Sin embargo, las propuestas de Peña Nieto no contienen cambios radicales con respecto a iniciativas anteriores. Los planes para consolidar la fuerza de policía han estado en marcha durante varios años, mientras que algunos analistas han señalado que este enfoque no tiene en cuenta los factores subyacentes que contribuyen a la corrupción de la policía, como la falta de voluntad por parte del gobierno para abordar la problemática. A menudo, los planes de enviar fuerzas federales a tomar el control de la seguridad en los estados plagados de violencia, como los practicados por Felipe Calderón, el predecesor de Peña Nieto, han fallado en reducir la violencia, y han estado acompañados de masivas violaciones a los derechos humanos.
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