México ha publicado por primera vez sus propias estimaciones sobre la cantidad de tierra dedicada al cultivo de amapola, y las cifras contradicen las creencias de que el gobierno estaría minimizando la magnitud de su problema con los cultivos de amapola.
El 22 de junio, las autoridades dijeron que en México hubo un promedio de 24.800 hectáreas de cultivos ilícitos de amapola entre julio de 2014 y junio de 2015. Ese promedio se basa en un máximo de 28.100 hectáreas en la temporada de crecimiento de la planta y un mínimo de 21.500 hectáreas durante los cultivos en flor.
México es actualmente el tercer mayor productor mundial de opio. Según datos del Informe Mundial de Drogas, publicado esta semana por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus iniciales en inglés), México representó el 9 por ciento del territorio dedicado al cultivo de la amapola en el mundo en el año 2015.
Los cultivos clandestinos de amapola —o “jardines” como a menudo los llaman los humildes agricultores de amapolas encargados de ellos— se concentran en los estados norteños de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit y los estados sureños de Guerrero y Oaxaca, según los resultados del informe recién publicado (pdf).
Las cifras —que exceden las estimaciones más recientes del gobierno de Estados Unidos acerca de los cultivos de amapola en México— fueron el resultado de un proyecto de investigación que se llevó a cabo durante tres años mediante una metodología desarrollada conjuntamente con la ONUDD.
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Antonio Mazzitelli, representante de la UNODC en México, dijo que los nuevos datos “son un paso importante hacia la transparencia” por parte de las autoridades mexicanas.
Anteriormente, el gobierno mexicano sólo había publicado cifras de erradicación de cultivos de amapola. Las más recientes estadísticas de erradicación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) señalan que entre enero y mayo de este año los soldados arrancaron un poco más de 15.000 hectáreas de plantas de amapola en todo el país.
Análisis de InSight Crime
Las cifras sobre el cultivo de amapola y la producción de heroína se han convertido en un problema cada vez más político en la relación de México con su vecino del norte.
La violencia del narcotráfico en México, agudizada por una reacción cada vez más militarizada del gobierno frente al crimen organizado, una estrategia que está en parte financiada por Estados Unidos, sigue siendo un problema de seguridad pública.
La creciente demanda de heroína en las calles de las ciudades estadounidenses y el crecimiento de las muertes causadas por el consumo de heroína hacen que el cultivo de amapola de México sea un tema importante en Washington. Según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), la heroína mexicana domina actualmente los mercados callejeros en muchas ciudades de Estados Unidos, por lo que desde hace mucho se necesitaba actualizar las estadísticas sobre el tema.
Las cifras más recientes del gobierno de Estados Unidos fueron las de 2014 y en ellas se estima que en ese momento en México había 17.000 hectáreas de amapola, un aumento del 59 por ciento con respecto a las 11.000 que había en 2013.
Las más recientes estimaciones de la UNODC corresponden al año 2012, cuando el organismo calculó que en México había 10.500 hectáreas de cultivos ilícitos de amapola. Mientras que las cifras del gobierno de Estados Unidos señalan que hubo un gran aumento en la producción mexicana de amapola entre 2013 y 2014, las cifras de la ONUDD indican que la cantidad de tierra dedicada al cultivo se redujo entre 2009, cuando había 19.500 hectáreas, y 2012 (Informe Mundial sobre Drogas, 2015, pdf).
Que las recientes estimaciones del gobierno mexicano indiquen que hubo un aumento en los cultivos de amapola puede sorprender a quienes suponían que la administración Peña Nieto le había restado importancia a esas cifras. Los funcionarios mexicanos han descrito en otras oportunidades las estimaciones del gobierno de Estados Unidos como “extremadamente fuera de tono”.
Sin embargo, las nuevas cifras justifican la polémica arremetida de México contra los carteles de la droga.
La estrategia de línea dura, iniciada por Felipe Calderón, el antecesor de Peña Nieto, ha llevado a que el ejército de México se lance a las calles a enfrentar a las poderosas redes del crimen organizado del país. Pero tanto los soldados como los policías en todos los niveles han sido acusados de graves violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Un reciente estudio realizado por Open Society Foundations concluyó que el gobierno de México podría ser culpable de crímenes de lesa humanidad, por lo que tanto en el país como en el extranjero ha habido críticas contra esa política.
La corrupción en la policía —al menos en un nivel estatal y municipal— es tan endémica que los agentes del Estado han actuado a veces como el brazo armado de las bandas criminales, como lo demostró la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normal rural en Guerrero en septiembre de 2014.
Pero la presidencia ha estado intentando cambiar su tono en cuanto a las drogas ilícitas; el ejemplo más claro de ello es el cambio del presidente Peña Nieto en su posición sobre la legalización de la marihuana. Él había expresado su firme oposición a la legalización pero luego propuso legalizar la marihuana medicinal.
A pesar del escepticismo acerca de que el gobierno mexicano toma en serio lo que dice, sería cínico no reconocer sus esfuerzos por cuantificar, por primera vez, los cultivos ilícitos de amapola en sus territorios.
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