México revisa sus bajas cifras de extinción de dominio

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El Senado de la República de México está estudiando cómo mejorar la capacidad del país para incautar los activos de los grupos del crimen organizado, pues hasta el momento el sistema judicial ha demostrado en gran medida ser incapaz de hacerlo.

En una audiencia reciente, el Senado discutió la posibilidad de permitir que otras agencias gubernamentales, además de la Procuraduría General de la República (PGR), manejen los casos de decomiso de activos. Según la legislación actual, la PGR es la única institución que puede manejar estos casos.

Excelsior informó que en los últimos seis años la PGR ha presentado 64 casos de decomiso de bienes relacionados con el crimen organizado. De éstos, “43 han sido favorables al interés institucional y del Estado, 11 han sido en contra y 2 se han desechado”, señaló José Guadalupe Medina, subprocurador especializado en investigación de delitos federales.

Estas cifras son significativamente más bajas que las de países vecinos como Guatemala, que ha llevado con éxito un promedio de 40 casos de decomiso de activos por año desde que implementó una ley de extinción de dominio.

Medina atribuyó las bajas cifras al diseño de la ley, la cual fue introducida en 2009 como parte de un paquete más amplio de reformas judiciales. También señaló que algunos elementos de la ley destinados a proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos están protegiendo inadvertidamente los activos de los delincuentes.
Las sugerencias de Medina al Senado incluyen un reequilibrio de la ley, de modo que para la PGR sea más fácil llevar estos casos, así como la ampliación de la categoría de los delitos a los que la ley de decomiso de bienes puede ser aplicada.

Análisis de InSight Crime

La identificación e incautación efectiva de activos criminales puede ser una herramienta poderosa contra la delincuencia organizada. No sólo es una forma en la que el Estado puede asegurarse recursos financieros adicionales, sino que en algunas naciones los activos incautados también son utilizados para compensar a las víctimas del crimen organizado. Incluso, la incautación de los activos de los criminales más acaudalados puede evitar que su riqueza sea usada para obstruir la justicia.

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Sin embargo, las leyes de confiscación de bienes no están exentas de controversia. En Estados Unidos se han presentado numerosos informes de policías que abusan de su poder cuando se trata de casos de decomiso civil.

Dado el nivel de corrupción generalizado al interior de las fuerzas policiales de México, no sería prudente que se les conceda el poder de incautar los bienes de cualquier persona sospechosa de estar implicada en algún delito antes de que haya sido acusada o condenada. El desafío que enfrentan los legisladores de México consistirá en reestructurar la ley de incautación de activos de forma tal que conceda a la PGR los recursos adicionales que necesita, para así poderla aplicar de manera más eficiente. Sin embargo, invertir este tipo de poder en otras instituciones policiales de México podría tener más consecuencias negativas que positivas.

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