Una investigación periodística ha generado serias dudas sobre la versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes en México, afirmando que la policía federal participó en los ataques y que los sospechosos fueron torturados antes de confesar.
Según una investigación conducida por la revista mexicana Proceso, la cual está basada en documentos oficiales, videos y testimonios de testigos, los ataques de septiembre contra los estudiantes en Guerrero, México, fueron llevados a cabo por la policía federal en complicidad o colaboración con el ejército.
Un informe inédito compilado por el gobierno de Guerrero revela que las fuerzas de seguridad federales y estatales estuvieron monitoreando a los estudiantes desde el momento en el que salieron de la universidad de profesores, informó Proceso. El informe también muestra que los tiros disparados contra los estudiantes fueron reportados al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), al cual tienen acceso la policía federal y el ejército.
Algunos videos grabados por estudiantes de la universidad (ver abajo) proporcionan un contexto adicional sobre lo que pudo haber ocurrido esa noche. En un video, un estudiante dice, “ya se están yendo los policías… se van a quedar los Federales, nos van a querer fastidiar”.
Los documentos obtenidos por Proceso también presentan evidencia de que los testigos que proporcionaron las cuentas con las que se construyó la versión oficial de los eventos fueron torturados antes de dar su testimonio. Según el reportero principal de la investigación, los documentos lmuestran señales físicas de que los testigos habían sido golpeados y abusados, e indican que los testimonios fueron obtenidos usando tortura en al menos cinco casos.
Análisis de InSight Crime
Los hallazgos de la investigación de Proceso contradicen la versión oficial de los ataques que fueron presentados por la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Según la versión del gobierno mexicano, la policía local, siguiendo órdenes del alcalde de Iguala, atacó a los estudiantes y los entregó al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes asesinaron y quemaron los cuerpos de los manifestantes.
La evidencia de que el testimonio que apoya esta versión fue obtenido utilizando la tortura resta valor a la credibilidad de esta versión de los hechos. Dada la presunta participación de la policía federal en los ataques, es posible que ésta haya coaccionado a algunos testigos para que presentaran una versión de las desapariciones que no incluyera a las fuerzas de seguridad federales.
Ciertamente esta no sería la primera vez que la policía y el ejército de México son acusados de tortura. Según Amnistía Internacional, en el país en 2013 se reportaron 1.505 casos de tortura o malos tratos perpetrados por las fuerzas de seguridad, un aumento casi del 600 por ciento desde 2003. Del mismo modo, los despliegues militares para combatir el crimen en México han coincidido con el aumento de las denuncias de violaciones de los Derechos Humanos.
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Además de plantear varias dudas sobre la versión oficial de los hechos, la investigación de Proceso también plantea la inquietante posibilidad de que lo que inicialmente parecía ser cierto grado de apertura con respecto a la investigación por parte de las autoridades mexicanas, en realidad podría haber sido parte de un elaborado plan para ocultar los verdaderos hechos.
El nivel real de complicidad federal en la desaparición de los estudiantes aún no ha sido determinado, pero si resulta ser cierto que la policía federal participó en los ataques, las nuevas propuestas de reforma policial de Peña Nieto no serán suficientes para mejorar la seguridad en México.
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