La Procuraduría General de la República de México busca formular nuevos cargos contra los soldados implicados en la masacre de veintidós personas en junio de 2014, luego de que un juez liberara a los tres sospechosos que quedaban en el caso por falta de evidencia.
En un comunicado de prensa divulgado el 14 de mayo, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que "aportará pruebas" contra los soldados liberados "para que estos sean reaprehendidos y formalmente procesados". La PGR anunció la semana pasada que un juez civil del Estado de México había ordenado la liberación de los soldados por evidencia insuficiente en su contra.
Los soldados fueron acusados de homicidio y alteración de la escena del crimen en relación con la matanza de 22 personas en junio de 2014 en una bodega de la ciudad de Tlatlaya, en una zona alejada al occidente de Ciudad de México.
El ejército aseguró inicialmente que las muertes fueron resultado de un tiroteo después de que los sospechosos de pertenecer a una pandilla abrieran fuego contra los soldados. Pero el reportero de Associated Press Mark Stevenson fue a la escena y publicó un reportaje que contradecía claramente la versión oficial de los hechos. En octubre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México determinó que los soldados ejecutaron en forma sumaria hasta a 15 de las víctimas.
Análisis de InSight Crime
Si el movimiento prometido para revivir el caso produce resultados similares a los de iniciativas anteriores, los fiscales saldrán con las manos vacías de lo que muchos consideran uno de los ejemplos más flagrantes de abusos a los derechos humanos por parte del ejército mexicano en los últimos años. Tres soldados y un teniente ya habían sido absueltos por su participación en la masacre en octubre 2015, también por un fallo que aducía evidencia insuficiente. Un tribunal militar absolvió a los siete soldados a comienzos de este año, aunque un comandante pagó un año de cárcel por desacato.
El fallo es un golpe más a la credibilidad de las autoridades judiciales en México, que han recibido duras críticas por su torpeza e incluso por obstruir la investigación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero sobre el Pacífico, en 2014. Las desapariciones atrajeron rápidamente la atención internacional, pero luego de largas investigaciones primero a cargo de la PGR y luego por expertos internacionales, el caso sigue sumido en la incertidumbre.
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La impunidad generalizada por crímenes, en especial los perpetrados por efectivos castrenses, no es nada nuevo en México. Algunos observadores, sin embargo, cuestionan si estos casos de alto perfil implican un elemento más siniestro que la sola torpeza en la parte acusatoria.
"En vista de la bien documentada evidencia sobre la ejecución de civiles a manos de soldados en Tlatlaya, el hecho de que no se haya imputado a nadie la responsabilidad de los crímenes indica el mismo tipo de incompetencia flagrante, o incluso encubrimiento, que se ha visto en el caso de (los 43 estudiantes desaparecidos en) Ayotzinapa por parte de las autoridades judiciales", declaró a la AFP José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para Latinoamérica.
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