Siete pandilleros fueron condenados a 390 años de prisión cada uno por el asesinato de once personas en El Salvador —un juicio simbólico por una masacre que fue determinante para la implementación de medidas severas contra las pandillas por parte del gobierno—.
El 24 de mayo, un juez condenó a los siete sospechosos a 35 años de prisión por cada uno de los 11 asesinatos, y otros cinco años por agrupación ilícita, según un comunicado de prensa de la Fiscalía General. Los individuos, que fueron declarados culpables por la masacre de San Juan Opico en marzo de 2016, son presuntos miembros de la pandilla Barrio 18.
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La masacre conmocionó al país en su momento, pues al parecer las víctimas simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ocho de las víctimas eran empleados de una empresa eléctrica que se encontraban haciendo reparaciones, y otros tres eran jornaleros agrícolas.
Las autoridades culparon inicialmente a la pandilla MS13, la cual negó toda responsabilidad en los hechos. Sin embargo, la masacre fue fundamental para que, un mes más tarde, el gobierno lanzara una campaña para implementar un paquete de "medidas extraordinarias". Esto condujo a la intensificación de las medidas de seguridad para los pandilleros encarcelados, evitando que los presos tuvieran contacto con el exterior.
El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, elogió la sentencia y destacó el papel de la evidencia científica en este logro por parte la Fiscalía, la cual había pedido inicialmente sentencias de 330 años de prisión, informó La Prensa Gráfica.
Análisis de InSight Crime
Las siete penas de prisión de casi cuatro siglos para cada uno de los acusados son aparentemente absurdas, especialmente porque la legislación de El Salvador establece un máximo de 60 años de prisión, según La Prensa Gráfica.
Pero las sentencias son bastante simbólicas, dado que la masacre de San Juan Opico generó una ola de apoyo que el gobierno utilizó para implementar una política de seguridad que aún sigue en vigor. De hecho, El Salvador renovó dichas medidas hasta 2018, y las hizo extensivas en todo el sistema penitenciario.
Como InSight Crime lo ha señalado, dados los inciertos resultados de estas medidas extraordinarias y el poco apoyo público frente a esta política, la insistencia del gobierno en mantener dichas medidas podría partir de algún tipo de negociación con las pandillas, aunque las autoridades han rechazado oficialmente la solicitud de los grupos criminales de establecer una tregua para reducir la violencia. Es más, al volver a poner el caso de San Juan Opico en los titulares, el simbólico juicio puede llevar a que la política reciba nuevos apoyos.
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Desde un punto de vista puramente judicial, la sentencia demuestra que los fiscales de El Salvador pueden, en un contexto de presión pública y política, lograr llevar un caso complejo hasta la condena. Esto es un signo positivo, dado que con frecuencia se cree que tanto los pandilleros como los agentes de seguridad suelen quedar impunes tras cometer asesinatos. Entre 2011 y 2014, menos del 6 por ciento de los asesinatos cometidos en El Salvador fueron condenados.
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