Los miembros de las pandillas han sido enviados a trabajar como guardias de seguridad en El Salvador, con el fin de extorsionar a propietarios de vehículos, exponiendo los riesgos inherentes de confiar en compañías privadas y mal reguladas para garantizar la seguridad.
Varias personas que trabajaban como guardias de seguridad en el sector de Soyapango, San Salvador, han sido despedidas después de que una investigación de la policía comprobó que eran miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), y que líderes comunitarios fueron amenazados para emplearlos, a través de llamadas telefónicas realizadas desde la cárcel, informó La Prensa Gráfica.
Según la policía, los pandilleros utilizaban el cargo para llevar a cabo extorsiones, amenazando con dañar los vehículos si los dueños no les pagabn un impuesto mensual.
Las regulaciones laborales requieren que los guardias de seguridad privada no tengan antecedentes penales y aprueben un curso de capacitación.
Análisis de InSight Crime
Los homicidios se han reducido drásticamente desde que el gobierno hizo un trato con la MS13 y Barrio 18, las principales pandillas de El Salvador, dándoles concesiones a cambio de una reducción en la violencia. Los informes de un plan para colocar a los miembros de las pandillas como guardias de seguridad, apuntan a uno de los principales desafíos de la tregua, que está proporcionando fuentes alternativas de ingresos a los miembros de las pandillas, que dependen en gran medida de los ingresos de la extorsión. Aunque varias promesas se han hecho con respecto a los planes de trabajo y capacitación para los miembros de las pandillas, hasta ahora el gobierno no ha salido con nada sustancial. Según la policía, la extorsión se ha incrementado desde que la tregua fue acordada.
El Salvador, junto con Honduras y Guatemala, tiene una de las mayores concentraciones de guardias de seguridad privada en la región; en Centroamérica se estima que hay más de 200.000. Esto es debido a la alta inseguridad y al hecho de que los bajos niveles de tributación indican que hay una falta de dinero para pagarle a la policía. También ha habido informes en Honduras sobre grupos criminales que utilizan las empresas de seguridad privada como fachada para sus actividades.
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