Según un reciente informe, las duras medidas de México contra la migración centroamericana han incrementado las violaciones a los derechos humanos y los crímenes contra los migrantes, lo que sugiere que son éstos, y no los traficantes, quienes están sufriendo las consecuencias de las nuevas medidas de seguridad.
El informe “Un camino de impunidad” [A Trail of Impunity], publicado en conjunto por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés) y las organizaciones no gubernamentales mexicanas Fundar: Centro de Análisis e Investigación, y Casa del Migrante, analiza el impacto del Programa Frontera Sur, que fue iniciado por México en 2014 con el fin de detener el flujo de migrantes centroamericanos que buscan atravesar México para entrar a Estados Unidos. (Vea video abajo)
Según los resultados, las medidas de seguridad del programa no han logrado disuadir a los migrantes que huyen de la violencia y el crimen organizado en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), sino que ha obligado a los migrantes y a los traficantes de personas a tomar rutas y modos de transporte cada vez más peligrosos.
Aunque los migrantes continúan saliendo del Triángulo Norte, un número cada vez mayor no logran pasar de México. Los crecientes patrullajes a lo largo de las rutas de migración, los puntos de control móviles y fijos, y las redadas en lugares remotos han conducido a un enorme aumento en las detenciones; según el informe, entre 2014 y julio de 2016 fueron detenidos 425.058 migrantes.
Sin embargo, ha habido pocos intentos de registrar a los migrantes que en realidad buscan asilo; según el informe, sólo 6.933 solicitudes fueron resueltas en el mismo período, y sólo a 2.982 personas se les concedió el asilo.
Se supone que las severas medidas de México en la frontera debían ir acompañadas de esfuerzos para hacer frente a delitos contra los migrantes, como los cometidos por redes del crimen organizado que los hacen blanco de crímenes como el secuestro y la extorsión. Sin embargo, según el informe, en esta área ha habido pocos avances.
México ha puesto en marcha una Unidad de Investigación de Delitos contra los Migrantes, adscrita a la Fiscalía, junto con un Mecanismo de Apoyo Exterior para la Búsqueda y la Investigación, cuyo objetivo es facilitarles a los familiares de migrantes desaparecidos o secuestrados el acceso al sistema de justicia mexicano. Pero, según el informe, la unidad de investigación carece de personal y recursos para investigar los 129 casos que ha recibido hasta ahora.
Análisis de InSight Crime
Gran parte de la retórica en torno a los esfuerzos para reducir la afluencia de migrantes centroamericanos que pasan por México se ha centrado en las redes de tráfico de personas que se benefician del desespero de quienes buscan una vida nueva al norte de la frontera. Sin embargo, las conclusiones del informe en mención sugieren que el principal objetivo de la operación no ha sido desmantelar las redes del crimen organizado sino detener a los migrantes.
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Además, el informe muestra que se ha hecho muy poco por hacer frente a los ataques de los grupos criminales contra los migrantes. En los últimos años, las redes del crimen organizado han descubierto que los migrantes son una lucrativa fuente de ingresos, pues los extorsionan, los retienen hasta que sus familiares envían dinero, los usan como mulas para el transporte de drogas, e incluso los reclutan a la fuerza. Esta arremetida contra los inmigrantes ha conducido a algunas de las peores atrocidades que se han presentado en México en los últimos años.
Investigar y enjuiciar estos crímenes, perpetrados a menudo por algunos de los más temibles grupos criminales de México, no es tarea fácil y requerirá mucho más que una modesta unidad de trabajo.
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