El presidente de Colombia Juan Manuel Santos ha pedido que se entregue a las víctimas del conflicto armado cerca de US$3 mil millones en bienes incautados del crimen, aunque la corrupción en el manejo de dichos fondos en el pasado suscita dudas sobre sus planes.
El presidente Santos dijo recientemente al fiscal general Jorge Perdomo que el dinero que su institución decomisa a los grupos criminales debe destinarse a la Unidad Nacional de Víctimas, informó El Espectador.
La cantidad de bienes confiscados ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, según cifras obtenidas por El Espectador. Entre 2015 y 2016, el valor de los activos decomisados por la Fiscalía General alcanzó un monto sin precedentes de US$2.890 millones (COP$8.600 billones) —17 veces la cifra de 2014, cuando los decomisos ascendieron a US$168 millones (COP$500 mil millones)—.
Tras esta mayor eficiencia está la implementación del Código de Extinción de Dominio o Ley 1708 de 2014 (pdf) y nuevas políticas que dan prioridad a casos interpuestos por el fiscal general, según un informe de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República, al que tuvo acceso El Espectador.
Estas medidas dieron lugar a que el número de casos asignados a la unidad cayera en 75 por ciento, de 1.077 en 2012 a 267 en 2015. La duración de los procesos judiciales también debe reducirse bastante; mientras que el proceso podía durar siete o más años, las autoridades ahora creen que no demorará más de un año.
En marzo de 2015, la Fiscalía General adoptó una política dirigida a atacar las finanzas del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de las organizaciones criminales Los Urabeños y la Oficina de Envigado, de redes de trata de personas y políticos corruptos.
Análisis de InSight Crime
La Presidencia busca desesperadamente recursos para los ocho millones de víctimas de Colombia, ante la inminencia de un acuerdo de paz con el mayor grupo guerrillero del país, las FARC, informó El Espectador. Las FARC ya han insinuado que no tienen dinero suficiente para destinar a la reparación de víctimas, a pesar de que las autoridades han decomisado propiedades avaluadas en millones de dólares que presuntamente pertenecen al grupo insurgente.
El que las propiedades confiscadas resulten ser una fuente confiable de fondos para las víctimas depende en gran medida de cómo se administren luego de la extinción de dominio hecha por la Fiscalía, y hay motivos para mostrarse escépticos con ese proceso. En 2014, el gobierno colombiano fue obligado a desmontar la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que administraba activos incautados del narcotráfico, después de la pérdida de mil millones de dólares por corrupción dentro de la entidad.
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La corrupción también ha afectado anteriores iniciativas del gobierno para canalizar los fondos de los bienes expropiados a las víctimas del conflicto armado. Tal fue el caso luego del proceso de paz con la organización que agrupaba a los paramilitares en Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de la década de 2000. La administración de los bienes incautados estuvo plagada de irregularidades, como propiedades que volvieron a manos de figuras del hampa con nexos con excomandantes paramilitares, según investigaciones realizadas por Verdad Abierta.
Convertir los bienes criminales en fondos utilizables también representa un fuerte desafío logístico, pues hallar compradores para las propiedades ha sido un obstáculo para las autoridades en el pasado.
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