Un reciente informe ha descubierto que casi uno de cada 10 agentes de la policía de México puede no ser apto para el cargo, lo que indica que las continuas fallas en las fuerzas de seguridad locales han contribuido a los problemas de criminalidad en el país.
Según un estudio de la organización no gubernamental Causa en Común, reseñado por Animal Político, más de 28.000 agentes de la policía mexicana que habían reprobado los exámenes de polígrafo, las pruebas toxicológicas o las pruebas de competencia, todavía están patrullando, a pesar de que las leyes requieren que las unidades policiales despidan a quienes no aprueben estos requisitos.
Algunos de los estados mexicanos con los mayores niveles de inseguridad tienen la mayor proporción de funcionarios no aptos para sus funciones en las unidades de policía.
En Sinaloa, por ejemplo, más de la mitad de los policías han reprobado estas evaluaciones. De los 1.187 policías federales que prestan sus servicios en el estado, se encontró que 654 (alrededor del 55 por ciento) no son aptos para sus funciones. De los 1.607 policías estatales, 592 (cerca del 37 por ciento) reprobaron las evaluaciones de control de confianza. Y 2.413 policías municipales, de un total de 4.796 —más de la mitad—, resultaron ser no aptos.
Asimismo, un 30 por ciento de los policías del estado de Michoacán no han aprobado el proceso de control de confianza. Veracruz tiene el mayor número de oficiales no aptos, pues más de un cuarto de ellos han reprobado las evaluaciones de control de confianza. Los estados de Guerrero y Baja California también tuvieron un gran número de policías considerados no aptos para sus funciones.
En total, de los 303.492 policías de México, más de 28.000 (casi el 10 por ciento) reprobaron el proceso de control de confianza. Las policías municipales parecen tener el mayor porcentaje de oficiales no aptos: de un total de 127.431 a nivel nacional, aproximadamente el 12 por ciento no cumplió con los requisitos. Alrededor del 8 por ciento de los policías federales, y aproximadamente el 7 por ciento de los estatales, perdieron las pruebas.
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2009, requiere que todos los policías que cumplan funciones “investigativas” o “preventivas” aprueben exámenes como los descritos anteriormente. Si no lo hacen, se supone que deben ser despedidos.
Además, los gobiernos estatales están obligados a evaluar a los oficiales cada tres años, pero Causa en Común descubrió que muchos estados tienen grandes porcentajes de oficiales que no han sido reevaluados en dicho periodo.
“Es preocupante que, dada la debilidad e incluso la ausencia de mecanismos de control y supervisión en los estados, haya un retraso en el proceso de recertificación” señala Causa en Común.
Análisis de InSight Crime
El informe de Causa en Común no es el primero en llamar la atención sobre las dificultades de México con respecto a las evaluaciones de control de confianza de sus fuerzas policiales. En 2014, un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó porcentajes similares de agentes de la policía que no habían aprobado las pruebas de control de confianza en estados con altos niveles de actividad criminal.
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México ha hecho varios intentos por reformar a la policía y durante años ha expulsado de sus filas a miles de agentes ineptos, pero la incompetencia y la corrupción claramente continúan plagando las instituciones de seguridad. Esto ha permitido que las organizaciones criminales del país acumulen gran poder y riqueza, y hay muchos casos en los que dichos grupos cooptan elementos de la policía con el fin de que les ayuden en sus intereses ilícitos.
La respuesta de México ante esta corrupción arraigada debe ser regulada, sin embargo, dado que el hecho de destituir a los agentes no aptos puede permitir que a los grupos criminales ingresen reclutas nuevos y con entrenamiento.
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