Un grupo de militares de El Salvador acusado de robar armas de las reservas ha recibido una amonestación menor por el crimen, sugiriendo que hay un problemático nivel de impunidad para el personal militar en lo que concierne a los casos de tráfico de armas.
El 22 de octubre, una corte civil de El Salvador absolvió a tres de los siete militares acusados de robar 1.812 granadas M-67 de las reservas militares que debían haber sido destruidas en 2010 y 2011, informó La Prensa Gráfica. Otros tres fueron sentenciados a servicio comunitario, mientras que la corte aún debe deliberar un veredicto en el caso del séptimo.
Mientras tanto, en un caso aparte, una corte militar exoneró a dos altos oficiales del ejército y a un soldado por el robo de cuatro ametralladoras M-60 de una bodega militar, sobre el cual se informó en junio. A pesar de que el soldado testificó que uno de los oficiales lo forzó a abrir el almacén para robar las armas, la corte militar ha descartado esta declaración dado que bajo el código de justicia militar de El Salvador las acusaciones de un imputado en contra de otro acusado no pueden ser consideradas en el momento de decidir sobre un caso, informó El Diario de Hoy.
Análisis de InSight Crime
Ambos casos sugieren que podrían existir altos niveles de impunidad para el personal militar acusado de robar armas, sentando un problemático precedente en un país donde poderosas las pandillas callejeras han atacado a la policía con armamento militar, incluyendo rifles M-16 y AK-47. Hay evidencia que sugiere que el ejército podría ser la fuente de algunas de estas armas, y que el tráfico de armas podría alcanzar los más altos niveles del gobierno. Según una declaración del fiscal general Luis Martínez en junio, el ministro de Defensa David Munguía Payés estaría entre los investigados.
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El hecho que los acusados en estos dos casos hayan sido absueltos por cortes militares también cuestiona la efectividad de la justicia militar de El Salvador. Aquellos acusados de robar las granadas M-67 ya habían sido juzgados y absueltos por una corte militar.
Ha habido casos previos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad de El Salvador acusados de vender armas a grupos criminales. En 2011, un desertor del ejército fue detenido por tratar de vender rifles M-16, uniformes, y equipo militar a un presunto miembro de los Zetas.
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