Militares dominicanos acusados de traficar armas de proveedores estadounidenses

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Altos oficiales de las fuerzas de seguridad de República Dominicana fueron arrestados por tráfico de armas en un caso que revela cómo las redes de funcionarios corruptos usan suministros de armas de Estados Unidos y documentos falsos para evadir las regulaciones de armas en el país.

El 27 de enero, las autoridades dominicanas arrestaron a siete funcionarios del Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa por la importación ilegal de 220 armas al país para venta al público, según informó The Associated Press.

Un agente de policía y seis oficiales del ejército fueron capturados, entre ellos el general Bienvenido Cordero Batista, quien hasta hace poco se desempeñaba como director del departamento, así como el director del depósito de armas del departamento y el oficial a cargo de procesar las licencias de tenencia de armas, según informó El Caribe. Los oficiales del ejército falsificaron documentos del Ministerio de Defensa para importar las armas, y luego las pasaron para su venta en una armería propiedad de un coronel del ejército.

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Las sospechas sobre la red se conocieron en agosto de 2015, cuando se interrogó a varios miembros después de que autoridades estadounidenses entregaran a sus homólogos dominicanos una lista de armas que creían habían sido compradas legalmente en Estados Unidos e ingresadas de contrabando a República Dominicana, como informó Acento. Las investigaciones de Estados Unidos se iniciaron después de que las autoridades detuvieran a una mujer que intentaba ingresar ilegalmente 12 armas de fuego procedentes de Estados Unidos.

Análisis de InSight Crime

Las fuerzas de seguridad corruptas son una fuente importante de armas ilegales en toda la región. Casos similares han sido expuestos en numerosos países, incluyendo a El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia.

La adquisición de armas de Estados Unidos también es común en el mundo del tráfico de armas en Latinoamérica, por la laxitud en las restricciones, en especial en la compra de armas de asalto de grueso calibre, que ha motivado la adquisición legal de armas por medio de compradores insignificantes enviados por grupos criminales, quienes luego las trafican en toda la región.

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Lo que es menos común es la combinación de ambos métodos, aunque este no es el primer caso de ese tipo en República Dominicana; una de las más grandes redes de tráfico de armas que se ha descubierto en el país incluía presuntamente a un exteniente de la policía, y operaba de manera similar comprando armamento en Estados Unidos y falsificando documentos oficiales.

La razón de esto puede ser la reglamentación para control de armas introducida en 2006 en República Dominicana, que prohibió las importaciones de todo tipo de armas de fuego con fines comerciales. Como es común con el crimen organizado, parece que el cierre de una fuente de suministro ha impulsado a las redes de tráfico a buscar nuevos países con gran ausencia de esas restricciones como fuente.

Sin embargo, el gobierno dominicano busca implementar varias iniciativas para reducir aún más el acceso público a las armas en un país en que la tasa promedio de homicidios por arma de fuego entre 2007 y 2012 fue preocupante, con 17,8 por 100.000 habitantes, según The Small Arms Survey.

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