Recientemente se han formulado acusaciones de abuso sexual contra miembros del ejército mexicano, institución que ya se encuentra bajo la lupa por abusos de derechos humanos, y la cual desempeña un rol importante en la lucha contra los poderosos carteles de la droga en el país.
“En la guerra contra el narcotráfico, no se consideraron medidas de control en la actuación de las fuerzas armadas, lo que ha dejado en impunidad los abusos sistemáticos y generalizados, entre ellos los actos de tortura”, afirmó en una rueda de prensa Perseo Quiroz Rendón, director de la organización mexicana de derechos humanos PRODH.
En la misma conferencia de prensa se encontraban representantes de Amnistía Internacional (AI) y Claudia Medina Tamariz, víctima de abuso sexual. Esta última afirma que en 2012 miembros de la marina mexicana la amenazaron, torturaron y abusaron sexualmente de ella con el propósito de que confirmara los falsos testimonios de su supuesta participación en la red criminal del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En febrero de este año, después de escuchar su versión de los hechos y de que AI, PRODH y expertos independientes confirmaran que Tamariz había sido víctima de tortura, un tribunal la absolvió de los cargos de posesión ilegal de armas que le habían sido imputados.
Esta no sería la primera vez que el ejército mexicano es acusado de abuso sexual. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México que modificara sus estatutos militares después de que unos soldados violaron a dos hermanas indígenas. Recientemente, dos mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya afirmaron haber sido víctimas de tortura y acoso sexual por parte del ejército.
Análisis de InSight Crime
En vista de que los carteles mexicanos están bien armados y entrenados, el país ha puesto su confianza en el ejército para combatir al crimen. Como resultado, los soldados han aumentado su presencia en las zonas civiles, con responsabilidades que tradicionalmente correspondían a la policía. Sin embargo, el entrenamiento militar, enfocado en la supervivencia y el combate con los enemigos, no necesariamente se presta para asegurar el cumplimiento de la ley de una manera legítima, y en ocasiones puede incentivar las violaciones de derechos humanos.
Desafortunadamente, recurrir de nuevo a la policía podría no ser la mejor alternativa. La policía mexicana ha recibido acusaciones similares, incluyendo un incidente en 2006, cuando al menos 26 mujeres manifestantes declararon en un informe (pdf) de AI que agentes de la policía habían abusado sexualmente de ellas mientras eran trasladadas de prisión.
La investigación de los supuestos escándalos de abusos sexuales por parte de los militares tampoco sería una alternativa. El gobierno mexicano, que actualmente se encuentra reestructurando a la policía bajo la iniciativa de “mando único” con el fin de poner freno a la corrupción, podría no mostrar mucho interés en hechos que afecten la reputación de las fuerzas militares, las cuales han estado involucradas en la captura de peces gordos del narcotráfico como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
SUSCRIBIRME