Las autoridades peruanas destruyeron recientemente otro sitio de minería ilegal en uno de los parques nacionales más populares del país, pero, a juzgar por los constantes fracasos de los esfuerzos oficiales por detener esta actividad, es muy probable que las operaciones se reanuden en poco tiempo.
El 29 de septiembre, las autoridades desmantelaron un campamento de minería ilegal en Quebrada Honda, ubicado en el Parque Nacional Huascarán, sitio turístico en el departamento de Áncash y reserva natural donde la extracción ilícita de oro, plata, cobre y zinc se ha vuelto una constante.
Según El Comercio, los mineros identificados en este caso habían estado operando en la zona durante más de ocho años, a pesar de los repetidos intentos de las autoridades por desmantelar los campamentos de extracción en la zona. Esta ha sido la cuarta intervención oficial para impedir la actividad minera ilegal en la región desde enero de este año.
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Evelin Mercado Gutiérrez, quien trabaja para la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y estuvo a cargo de esta investigación, dijo a El Comercio que las autoridades habían destruido herramientas y equipos en el lugar, y que esta redada ha sido una de las más grandes de este tipo en 2020.
“Prácticamente hemos inmovilizado la operación”, afirmó.
Hasta ahora, en lo que va corrido del año se han realizado 45 detenciones relacionadas con minería ilegal y contaminación ambiental. En 2019, 62 personas fueron detenidas por este tipo de delitos en la región.
Sin embargo, según Perú 21, en el Parque Nacional Huascarán existen actualmente más de 3.000 sitios de minería ilegal a pesar de que es reconocido oficialmente como reserva natural protegida desde 1975.
Análisis de InSight Crime
Este repetido patrón de intervenciones oficiales tras las cuales se da una reanudación de las operaciones mineras ilícitas en Áncash hace parte de una preocupante tendencia que se ha vuelto común en todo Perú.
Si bien el Parque Nacional Huascarán, territorio rico en recursos naturales, es particularmente atractivo para los mineros, existen tendencias similares en el departamento de Madre de Dios, región relativamente anárquica en Perú, donde las autoridades han ido tras mineros ilegales de oro, madereros y traficantes de personas, quienes suelen reanudar sus “negocios como de costumbre” poco después de que se llevan a cabo los intentos oficiales de impedir sus operaciones.
Una tendencia cíclica muy similar se ha presentado en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde las autoridades han intentado erradicar la producción de coca en los últimos años.
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Si bien la atención del gobierno y los medios de comunicación se ha concentrado sobre todo en Madre de Dios, la misma dinámica fluctuantes de la minería ilegal se viene presentando cada vez más en Áncash. Y no hay indicios de que esta constante cadena de circunstancias se vaya a romper pronto.
Lorenzo Vallejos, funcionario dedicado a estudiar los delitos ambientales en Perú, le dijo a InSight Crime que “la Fiscalía de la Nación y la policía nacional no cuentan con los recursos necesarios para hacer su trabajo de manera adecuada, en términos de inteligencia y operaciones”.
“Falta colaboración entre estas instituciones y otras entidades públicas encargadas de regular, prevenir, monitorear, detectar, investigar y enjuiciar la minería ilegal y delitos conexos”, agregó.
Mercado Gutiérrez admite que no se han impuesto sanciones a ningún minero en el Parque Nacional Huascarán, supuestamente debido a que las autoridades deben pedir permiso a la Comunidad Campesina de Vicos antes de llevar a cabo las intervenciones para atacar los campamentos ilícitos.
“Para cada operación solicitamos autorización, pero, cuando llegamos, no encontramos a nadie allí o esconden los equipos de los campamentos. Por lo tanto, las personas no reciben las sanciones que merecen y se sienten en libertad de continuar”, agregó.
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