La minería ilegal se ha expandido rápidamente en el oriente de Venezuela durante los últimos años, lo cual ha aumentado la atención sobre una región minera donde, si bien no hay información sobre grandes operaciones de estructuras del hampa, sí existen las condiciones ideales para la explotación criminal.
Según el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) —citado en el informe anual del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) 2014—, la minería ilegal en la región venezolana de Guayana (que incluye los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro) estaría generando explotación de las poblaciones locales y una degradación ambiental significativa (pdf).
Sólo entre 2013 y 2014, el CIEV documentó un incremento del 40 por ciento en la cantidad de hectáreas destruidas por mineros ilegales en el estado de Bolívar, siendo las áreas de Sierra Imataca en El Palmar, Paragua, Upata y El Manteco las más afectadas. (Vea mapa de El Nacional)
El mercurio (utilizado para extraer oro) también ha contaminado las fuentes de agua, mientras que las comunidades locales, como señala el CIEV, han sido presionadas para llevar combustible y alcohol a los mineros, en un tipo de “neoesclavitud”.
El gobierno venezolano ha lanzado cinco iniciativas para acabar con la minería ilegal en la región de Guayana desde 2003, informó El Nacional. Sin embargo, Américo de Grazia –diputado a la Asamblea Nacional por el estado de Bolívar— afirmó que esos esfuerzos han sido infructuosos pues han creado un “coctel para la violencia” y criminalizan una actividad que ha sido realizada desde incluso antes de que el país fuera fundado.
El 10 de junio, De Grazia presentó ante la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional un informe para crear una “Corporación Minera de Guayana” con el fin de regular cómo, cuándo y dónde se puede realizar la extracción minera en la región.
Análisis de Insight Crime
La minería ilegal ha sido un problema constante en otros países latinoamericanos como Colombia, Perú y México , donde grupos criminales –como Los Caballeros Templarios en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— practican la extorsión y controlan las minas, e incluso han estructurando sus propias operaciones mineras.
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Esas poderosas organizaciones criminales e insurgentes no tienen presencia significativa en las remotas zonas venezolanas donde la minería ilegal es rampante. Sin embargo, otros factores, como una economía informal que ofrece pocas oportunidades para conseguir empleo, un Estado ausente y las grandes ganancias potenciales, han creado un campo fértil para la minería ilegal. Con las repetidas fallas del gobierno venezolano en cuanto a la imposición de su autoridad y la manera en que ha abordado la minería ilegal, hay pocos elementos que permitan poner freno a la expansión de este comercio.
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