Ministerio Público de Honduras y sociedad civil denuncian “pacto de impunidad”

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El Ministerio Público de Honduras y una prominente organización de la sociedad civil han interpuesto recursos legales contra una reciente reforma legislativa denunciada por críticos como un “pacto de impunidad”, lo que pone de relieve el escalamiento de las tensiones entre los activistas anticorrupción y las élites atrincheradas en el país centroamericano golpeado por el caos.

El Ministerio Público de Honduras apeló la constitucionalidad de una reforma a la Ley General de Presupuestos, según información divulgada por El Heraldo el 2 de febrero. La organización no gubernamental Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) también apeló la reforma.

La reforma en cuestión, aprobada por el congreso el 18 de enero, establece un período hasta de tres años para que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realice una auditoría a casos sospechosos de malversación de dineros públicos.

En ese período, los sospechosos de delitos no podrían ser procesados por las autoridades judiciales, lo que en efecto impediría que la Fiscalía General procesara casos de corrupción. Esa reforma se aplica de manera retroactiva a todos los casos desde 2006.

Voces críticas denunciaron la maniobra del congreso como un intento de interferir en las iniciativas anticorrupción que adelanta la Fiscalía General  con ayuda de un organismo avalado por la Organización de Estados Americanos (OEA), conocido como Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

El jefe de la MACCIH Juan Jiménez Mayor calificó recientemente esa reforma como un “pacto de impunidad”, y cuestionó el momento, pues la reforma fue aprobada justo cuando la MACCIH y el Ministerio Público habrían una investigación sobre un posible esquema de desfalco sistemático que implica a 60 diputados y hasta 1.300 millones de lempiras (US$55 millones).

La principal diplomática de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, tambié criticó la reforma, refiriéndose a ella como un “retroceso monumental en la lucha contra la corrupción”.

La Fiscalía General argumentará que la reforma viola principios constitucionales que separa los poderes del estado, pues transfiere responsabilidades de vigilancia del cumplimiento de la ley de la rama judicial al Poder Ejecutivo, entre otros. La ASJ sostiene que va en contravía del principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Análisis de InSight Crime

Los pleitos legales ponen de relieve el ensanchamiento de la brecha entre las élites atrincheradas y los defensores de las iniciativas anticorrupción en Honduras. Siguiendo una tendencia observable en toda la región —tal vez de manera más visible en Guatemala y Brasil— las élites hondureñas han respondido con represalias al aumento de las investigaciones por corrupción.

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El resultado de las apelaciones puede tener implicaciones importantes. La ratificación de la reforma legal haría trizas la credibilidad de la MACCIH —ya debilitada tras la debatida reelección de Hernández— y en efecto bloquearía cualquier intento del Ministerio Público de avanzar en casos de corrupción.

Aun si se cae la reforma, el congreso tendría otra oportunidad de intentar malograr las iniciativas anticorrupción, pues se ha fijado la elección de un nuevo fiscal general para agosto de 2018. Dado que la asamblea legislativa está dominada por el Partido Nacional, de Hernández, muchos de cuyos miembros son sospechosos de corrupción, lo más probable es que intenten elegir un candidato renuente a continuar la campaña de su predecesor contra las élites corruptas.

* Parker Asmann colaboró en la reportería de esta nota.

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