Un informe del gobierno mexicano da una idea de la cantidad de fosas clandestinas que existen en el país, lo cual podría llamar la atención sobre los fallidos procedimientos estatales por llevar un registro de las desapariciones.
Entre diciembre de 2006 y febrero de 2015, se encontraron los restos de 601 personas en 174 fosas clandestinas a lo largo de México, según informó El Universal, citando un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) obtenido a través de la Ley de Transparencia.
Las fosas clandestinas son utilizadas por grupos criminales en México y en otras partes de Latinoamérica para ocultar los cuerpos de sus víctimas.
Según el informe de la PGR, el número de fosas clandestinas refleja claramente la lucha del país contra el crimen organizado: sólo el 8,1 por ciento de las fosas fueron descubiertas antes de abril de 2011. Las fosas clandestinas fueron encontradas en 16 de los 32 estados de México, entre los cuales Guerrero, Jalisco y Tamaulipas encabezan la lista.
De los restos humanos encontrados, el 80 por ciento aún no han sido identificados. Entre ellos se encuentran 302 hombres y 40 mujeres, y el género de los 259 restantes no pudo ser definido. Según el informe, entre los restos también se identificó a varios migrantes centroamericanos.
Análisis de InSight Crime
Aunque este informe es ya bastante impactante, es muy probable que en las últimas estadísticas de la PGR haya un subregistro del número de víctimas encontradas en las fosas.
Bajo el sistema mexicano actual, cuando la policía encuentra una fosa clandestina, la debe reportar a la Procuraduría General del Estado. Una vez realizado este procedimiento, le corresponde al gobierno del estado compartir esa información con el gobierno federal, pero, tristemente, a menudo los estados eligen no hacerlo. La ausencia de estadísticas confiables sobre las desapariciones puede llevar a malas decisiones políticas, así como a aumentar la desconfianza en el gobierno y a alentar a los autores de las desapariciones forzadas a creer que sus víctimas nunca serán encontradas y que sus muertes nunca serán investigadas.
Los congresistas de México han respondido a la situación con múltiples propuestas legislativas. Éstas incluyen la creación de un nuevo organismo dedicado a la investigación de las desapariciones forzadas, protocolos mejorados para la identificación de restos humanos, y clasificar las desapariciones forzadas como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, aún no es claro si estas medidas podrán mejorar el intercambio de información entre el gobierno estatal y los organismos federales.
Gráfico por Buzzfeed
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