Motín en cárcel de Bolivia evidencia caos penitenciario en Latinoamérica

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Un motín que dejó más de 30 muertos en Bolivia ha puesto de manifiesto el grave hacinamiento, la falta de financiación y la falta de control sobre los internos; hechos que ubican a las cárceles de Latinoamérica entre las más peligrosas del mundo.

Un hecho que tuvo lugar el 23 de agosto entre presos de dos bloques diferentes, en la cárcel Palmasola, dejó como saldo 32 personas muertas y varios heridos -la mayoría a causa de un incendio provocado por los internos, que utilizaron lanzallamas caseros-.

El ministro de Gobierno Carlos Romero dijo que sólo cinco agentes de policía habían estado vigilando el bloque de la prisión que fue atacado, y que sólo había 15 agentes en total supervisando ambos bloques, a pesar de que albergan a más de 500 presos, informó El Deber.

María Inés Galvis, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la región oriental de Santa Cruz, en donde se encuentra la cárcel Palmasola, declaró que al menos un agente de la policía había participado directamente en el ataque, al abrir la puerta para que los presos atacantes entraran al otro bloque.

También advirtió que el bloque atacado estaba planeando un ataque de venganza.

El gobierno de Evo Morales se ha comprometido a construir más instalaciones e invertir más dinero para tratar de hacer frente a la crisis en las cárceles del país, las cuales, según admitió Romero luego de los disturbios, en muchos casos están fuera del control del Estado.

Análisis de InSight Crime

Las condiciones carcelarias de Latinoamérica están entre las más inhumanas del mundo, y las cárceles de Bolivia son las segundas con más hacinamiento en la región, con el 233 por ciento de exceso de capacidad (sólo superadas por El Salvador con el 299 por ciento). La prisión preventiva, combinada con la grave mora judicial, son factores importantes en el hacinamiento, con un 85 por ciento de los presos en espera de juicio o sentencia, muchos de ellos por cargos menores de drogas bajo la controvertida Ley 1008, que fue aprobada en 1988 para introducir sanciones más estrictas y condiciones judiciales para los criminales de drogas.

Como es común en toda Latinoamérica, las cárceles a menudo están casi en su totalidad a cargo de los internos. Frecuentemente, estos son “delegados” elegidos, que representan los intereses de los internos, hacen gestión logística, como la asignación de celdas, y hacen cumplir las reglas acordadas. Sin embargo, también existen pandillas en las prisiones que manejan esquemas de extorsión, y actividades como el narcotráfico, y la línea entre la administración y la coerción no siempre es clara.

No obstante, las cárceles bolivianas aún no son caldo de cultivo del crimen organizado visto en países como Venezuela, Brasil y gran parte de Centroamérica, donde una gran parte de las actividades criminales organizadas que ocurren afuera de las cárceles son manejadas desde el interior de las mismas.

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