Un masivo motín en una cárcel de la capital de Guyana durante el pasado fin de semana podría tener serias consecuencias sobre la situación de seguridad general del país, a la vez que pone de relieve los bien conocidos defectos de los sistemas penitenciarios de la región.
El 9 de julio, los reclusos incendiaron la prisión de Camp Street en Georgetown como parte de una fuga planeada que dejó como resultado la destrucción de las instalaciones, causando heridas a dos presos y la muerte de un policía, y permitiendo la fuga de tres internos, según informó Caribbean360.
El resto de los mil reclusos de la cárcel fueron trasladados temporalmente a la prisión de Lusignan en las afueras de la ciudad, pero las autoridades todavía están intentando buscar una ubicación permanente para los presos.
Según el ministro de Seguridad Pública, Khemjar Ramjattan, el gobierno ha confirmado el traslado de 300 internos a otras cárceles, pero aún se debe encontrar la ubicación permanente para los otros 700.
"Estamos en medio de una gran crisis", dijo.
Para empeorar la situación de seguridad, el incendio en la cárcel destruyó miles de registros de condenas y órdenes de arresto, que según las leyes de Guyana deben ser conservados por las prisiones, con el fin de mantener la vigilancia sobre los presos, según informó Guyana Guardian.
Como resultado —y dada la inexistencia de huellas dactilares, datos fotográficos u otras pruebas para determinar quién ha sido condenado o no— el gobierno puede verse obligado a liberar a unos 500 presos.
Análisis InSight Crime
El destructivo motín en la prisión de Camp Street de Guyana permite demostrar que los sistemas penitenciarios del Caribe son igual de susceptibles a los sistémicos problemas de infraestructura y hacinamiento que abundan en las cárceles del resto de la región. Las autoridades de Guyana ya conocían sobre los defectos de seguridad relacionados con esta prisión. El año pasado, un violento motín similar dejó como resultado 17 internos muertos y al menos cinco heridos allí mismo.
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En ese momento, la prisión ya sufría de hacinamiento, albergando 984 presos en una instalación diseñada para 600. Ahora que la prisión más grande del país ha sido destruida, es probable que se empeore el hacinamiento en el resto de las cárceles del país, dado que las autoridades están buscando lugares para ubicar a los internos desplazados.
Además, si de hecho el gobierno se ve obligado a liberar a un gran número de internos, es probable que el flujo de convictos que ingresen a la sociedad represente un dolor de cabeza de seguridad para el país, que ha demostrado su falta de capacidad en la lucha contra el crimen organizado y previamente ha sido llamado un "narco-Estado".
El más reciente informe sobre criminalidad y seguridad, publicado por el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC por sus iniciales en inglés), del Departamento de Estado de Estados Unidos, se refiere a Guyana como una "grave amenaza en cuanto al crimen".
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