Un motín en una cárcel en el norte de México ha dejado 52 personas muertas según las cifras iniciales, una impresionante muestra de la naturaleza caótica y violenta del sistema penitenciario del país, así como del fuerte control que ejercen los grupos criminales en muchas de estas instalaciones.
En una rueda de prensa el 11 de febrero, el gobernador del estado norteño de Nuevo León, Jaime Rodríguez, afirmó que 52 personas murieron y que 12 más resultaron heridas durante una revuelta nocturna en la cárcel de Topo Chico. Rodríguez dijo que los enfrentamientos fueron ocasionados por un enfrentamiento entre una facción de la organización criminal de Los Zetas y un grupo rival, pero que la calma se restauró pocas horas después.
El 12 de febrero, Crónica informó que el gobierno estatal de Nuevo León bajó la cifra oficial de muertos a causa del disturbio a 49, y que más de 100 reclusos serían transferidos a diferentes instalaciones en el país.
El fatal disturbio se produce unos cuantos días antes de la visita del Papa Francisco a una prisión en Ciudad Juárez, en la frontera norte del país, como parte de su muy esperado viaje a México, informó BBC.
Rodríguez relacionó los disturbios con las malas condiciones en el sistema penitenciario de México. "Estamos frente a una tragedia derivada de la difícil situación que se está viviendo en los centros penitenciarios”, dijo Rodríguez en una conferencia de prensa.
Las autoridades mexicanas afirman que ningún prisionero escapó durante el motín.
Análisis de InSight Crime
El motín, que según los informes es uno de los más violentos en muchos años, muestra cómo las deplorables condiciones al interior de las prisiones mexicanas pueden causar brotes periódicos de violencia. En 2012, otro motín en una cárcel de Nuevo León, con participación de miembros de Los Zetas y el Cartel del Golfo, dejó como resultado 44 muertos; además, varias sublevaciones sangrientas han tenido lugar en otras prisiones mexicanas en los últimos años.
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Estos actos violentos están estrechamente relacionados con el estricto control que los grupos criminales mantienen en muchas de las cárceles del país. Una investigación en curso sobre Los Zetas reveló recientemente que el grupo criminal convirtió una prisión en el estado de Coahuila en una fosa común donde arrojaron más de 150 de sus víctimas. Según un informe de 2014 (pdf) realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, alrededor del 70 por ciento de las cárceles del país están "autogobernadas" por pandillas y carteles de la droga.
La corrupción generalizada también ha contribuido a las condiciones peligrosas en las cárceles de México. Se ha llamado la atención sobre la supuesta participación de altos funcionarios de las prisiones para facilitar la fuga del capo de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán en julio de 2015. Sin embargo, un informe reciente de la BBC descubrió que los presos del común también se ven obligados a pagar extorsiones a guardias, funcionarios y otros prisioneros para sobrevivir mientras cumplen sus condenas.
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