Una reciente masacre en El Salvador es una muestra de la problemática respuesta del gobierno a la actual crisis de seguridad en el país.
Miembros de la pandilla callejera Barrio 18 asesinaron a 14 miembros de la "clica" o facción de Los Revolucionarios durante una "purga interna" en la prisión de Quezaltepeque, ubicada en el departamento salvadoreño de La Libertad, al suroccidente del país, informó la prensa local.
El motivo de estos asesinatos es aún desconocido. La facción de Los Revolucionarios, que pertenece a Barrio 18, es sospechosa del asesinato de siete conductores de bus en el paro de transporte promovido por las pandillas el pasado mes de julio.
Las autoridades admitieron que ya habían recibido advertencias de una posible purga, pero afirmaron que no tenían conocimiento de los ataques "silenciosos" mientras éstos ocurrían, según informó EFE citando palabras del director de la prisión, Rodil Hernández.
La violencia en las prisiones es un problema actual en El Salvador, en donde en 2004 se registraron hasta 31 asesinatos durante una sangrienta disputa pandillera en la cárcel Mariona. Otros dos pandilleros fueron asesinados en Quezaltepeque en mayo del 2004.
Análisis de InSight Crime
La respuesta del gobierno a esta masacre en la prisión es, en el mejor de los casos, indolente, dado que varios funcionarios admiten que habían sido advertidos con anterioridad. Hasta el momento, nadie ha propuesto públicamente mecanismos para enfrentar este tipo de violencia en las prisiones, debido a la retórica defensiva de la actual administración y al enfoque de lucha militarizada o de "mano dura" en las políticas de seguridad.
El Salvador sigue sufriendo la peor escalada de violencia que se haya presentado en esta década, con una tasa de homicidios que aumenta cada mes. Sin embargo, en vez de darle un manejo diferente a la situación, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara ha considerado que el aumento de la tasa de homicidios es un hecho positivo, atribuido a la mayor efectividad de los policías y al hecho de dispararles a más criminales.
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En este contexto, los incidentes de pandilleros que se asesinan entre sí parece no ser un problema para las autoridades. Esto puede ser aún más cierto en este caso, dado que la facción atacada —Los Revolucionarios— es acusada de instigar un paro de transporte que puso de manifiesto la incapacidad del gobierno de mantener el orden.
Como los recursos en El Salvador siguen siendo limitados, es poco probable que se preste atención a los derechos que estos presos reciban en el futuro cercano, en especial dado que propuestas anteriores se han centrado en limitar estos derechos.
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