Más de una docena de presuntos criminales murieron durante una masiva operación policial que se llevó a cabo en varios lugares de Venezuela, un hecho que ha generado inquietudes sobre qué institución estaría supervisando la rendición de cuentas en los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad.
BBC Mundo informó que catorce presuntos criminales fueron abatidos en Caracas, la capital de Venezuela, durante los primeros días de un operativo policial realizado en el país. Otros tres sospechosos fueron dados de baja en el estado de Aragua, ubicado al norte de Venezuela. La ofensiva policial, llamada por las autoridades "Operación de liberación del pueblo", tiene como objetivo combatir el crimen en el país, que según algunos informes tendría las mayores tasas de violencia y actividad criminal de Latinoamérica.
La masiva operación también llevó a la captura de 236 presuntos criminales en Caracas, algunos de los cuales son sospechosos de tener vínculos con los grupos paramilitares de derecha colombianos, informó Associated Press. Sin embargo, el criminólogo Luis Izquiel señaló a El Nacional que el gobierno venezolano no ha presentado pruebas que relacionen a los paramilitares colombianos con la actividad criminal en el barrio Cota 905, uno de los lugares donde se realizó la operación policial.
La operación conjunta fue realizada por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), informó El Nacional.
Análisis de Insight Crime
El alto número de presuntos criminales abatidos durante los primeros días del operativo policial es una señal preocupante de que las fuerzas de seguridad venezolanas podrían estar pensando que el uso excesivo de la fuerza no tendrá repercusiones. De hecho, con base en la información proporcionada por los medios locales, al parecer ningún agente de la policía está siendo investigado por la muerte de los 17 sospechosos. Por otro lado, las autoridades venezolanas no han dudado en responsabilizar a los paramilitares colombianos (y en absolver a las fuerzas de seguridad venezolanas) de otros problemas importantes en materia de seguridad, como el tráfico de drogas o los disturbios civiles.
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La muerte de civiles también da muestra de la lucha constante de Venezuela por reformar las fuerzas policiales. Este tipo de reformas se dan normalmente con el objetivo de debilitar los vínculos entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado. Sin embargo, la reducción del uso excesivo de la fuerza es un pilar fundamental de la llamada "revolución policial" anunciada por el presidente Nicolás Maduro en noviembre de 2014.
También vale la pena destacar que los altos niveles de crímenes violentos y los pocos recursos estatales invertidos en la seguridad pública dejan en ocasiones a los policías en situaciones extremadamente peligrosas o vulnerables y dificultan el uso moderado de la fuerza. La cantidad de muertes de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas también ha aumentado durante los últimos años, lo cual ha generado temores que incluso provocaron la deserción de algunos policías de Caracas.
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