Retos de mujeres que quieren dejar la coca en Putumayo, Colombia

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Un reciente encuentro entre mujeres lideresas del departamento colombiano de Putumayo y autoridades locales sacó a la luz las enormes dificultades que enfrentan comunidades en zonas de producción de droga a la hora de buscar alternativas económicas al cultivo de coca, en un contexto de desprotección estatal.

Durante el conversatorio, organizado por el el portal Colombia 2020 del diario El Espectador en la ciudad de Mocoa, departamento de Putumayo, las lideresas y funcionarios discutieron las actividades alternativas al cultivo de coca y el narcotráfico que podrían realizarse en la zona.

Las mujeres resaltaron los riesgos a los que se enfrentan quienes están involucradas en la cadena de producción de la droga y quienes apuestan a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en un escenario controlado por grupos armados.

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De acuerdo con Nancy Sánchez, de la organización Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida, las mujeres que trabajan dentro de la cadena de cultivo y producción de estupefacientes se enfrentan a situaciones de esclavitud laboral y violencia sexual por parte de los criminales que controlan el negocio de la coca.

Por esta razón, muchas aseguran que aunque este negocio les ha permitido alcanzar cierta independencia económica dentro de su hogar y sus comunidades, representa un riesgo que no quieren verse obligadas a correr.

Aunque algunas también aseguraron que programas como los de sustitución de cultivos no están siento suficientemente efectivos, principalmente por falta de atención por parte del Estado a las comunidades.

Flor Zenaida Pantoja, de la Asociación de Mujeres Rurales (Asmural) aseguró que al igual que ella otras 39 mujeres de su comunidad que decidieron acogerse al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) desde 2018, bajo el marco de los acuerdos de paz con el gobierno, aún no han recibido los beneficios pactados a cambio de arrancar las matas de coca de sus fincas.

Análisis de InSight Crime

Los intentos de las autoridades en Colombia de desvincular a las mujeres del crimen organizado han sistemáticamente ignorado lo que implica ser mujer y vivir en un territorio cuya economía depende, casi exclusivamente, de actividades ilegales como el narcotráfico.

El contexto socioeconómico, los lazos familiares y la discriminación de género enraizada y la ausencia del estado, ha llevado a un número cada vez más grande de mujeres a vincularse a la ilegalidad.

La debilidad estatal que históricamente ha acompañado a territorios como Putumayo se ha materializado para las mujeres cocaleras en la falta de oferta institucional que les permita tener opciones de trabajo alternas, o capacitaciones, para poder salir de la ilegalidad.

Como la reciente investigación de InSight Crime, “Mujeres y crimen organizado: más que víctimas o victimarias“, pudo comprobar, ante este vacío, las mujeres han generado una alta dependencia a las economías criminales para su subsistencia.

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Las fallas en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) ilustran muchos de estos problemas.

El programa, que pretendía promover la sustitución de cultivos de uso ilícito por productos legales, ha estado marcado por un amplio incumplimiento por parte del Gobierno Nacional respecto a los pagos, los instrumentos y la capacitación técnica que le prometieron a las personas que decidieron dejar la coca.

Esto ha generado una amplia desconfianza institucional y una incertidumbre que ha empujada a muchos campesinos a resembrar coca en sus territorios

La situación se ha agravado con la presencia de grupos armados en la zona –La Constru, el Frente Carolina Ramírez, el Frente 48 y el Frente Primero de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- que aprovechando el contexto de desprotección vinculan a las mujeres a los eslabones más débiles de la cadena de la droga.

La oferta de estos grupos se vuelve atractiva en un contexto de violencia y conflicto en el que las mujeres rurales se enfrentan a múltiples riesgos y en donde operan estereotipos de género, que al igual que en la legalidad, les imponen normas de comportamiento.

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