Una nueva investigación sobre el papel que cumplen las mujeres dentro de organizaciones narcotraficantes en Colombia da cuenta de la creciente diversificación de sus roles y particularmente de la situación de vulnerabilidad que la gran mayoría padece.
El informe, producido por la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas in inglés), en colaboración con el Ministerio de Justicia de Colombia y publicado el 3 de octubre, analiza 2.500 casos de mujeres condenadas por crímenes asociados al narcotráfico en Colombia.
Por medio de testimonios y estudios de caso, el documento detalla los diferentes roles que estas mujeres cumplían dentro de la cadena de producción y comercialización de cocaína, marihuana, morfina y heroína en Colombia.
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Además de dedicarse a la preparación de alimentos para los trabajadores en las plantaciones de droga, el informe señala que muchas de estas mujeres trabajaban también como “raspachinas” o cosechadoras de la hoja de coca y flor de amapola, y como “quimiqueras” haciendo uso de sustancias químicas para la extracción de la cocaína o la transformación de la heroína.
Según UNODC, en lo que tiene que ver con el tráfico y distribución de estas drogas, algunas habían trabajado también como “mulas” transportando droga en sus cuerpos a otros países e incluso se dedicaban a la distribución de estupefacientes al por menor en sus barrios y comunidades.
En al menos el 86 por ciento de los casos, las mujeres afirmaron no conocer los riesgos asociados a las labores que desempeñaban y casi el 96 por ciento coincidió en que de haber sabido el impacto que su estadía en la cárcel tendría para ellas y sus familias, no habría cometido estos delitos.
Análisis de InSight Crime
Son varios los riesgos y disparidades a las que las mujeres se ven expuestas al involucrarse en el narcotráfico, sin importar en que parte de la cadena se encuentren.
Según UNODC, la falta de oportunidades laborales, las presiones que enfrentan por ser, en muchos casos, únicas jefas de hogar, la búsqueda de independencia financiera y el contexto familiar y socioeconómico en el cual viven, son factores de riesgo que empujan a las mujeres a la criminalidad.
Ya sea por decisión propia o porque fueron coaccionadas, la participación de estas mujeres tanto en la elaboración como en el tráfico y consumo de estupefacientes proviene en muchos casos de la necesidad de un mejor futuro económico y esto las deja expuestas a riesgos propios del ambiente en el que se desarrolla esta economía ilegal.
Por ejemplo, en el caso de la producción de droga, el informe apunta a que las mujeres que trabajan en la siembra, cosecha y transformación de la droga pueden llegar a sufrir un deterioro en su salud causado por la exposición constante a las condiciones ambientales de las zonas de cultivo, particularmente si se encuentran en embarazo.
En esta misma etapa, tanto las mujeres como sus familias se ven expuestas al consumo de drogas y alcohol, y como resultado de esto a episodios de violencia al interior del hogar asociados a este consumo.
Sobre todo en las zonas de cultivo y procesamiento, UNODC señala que con frecuencia se utiliza a las niñas y mujeres para servicios sexuales y de trata de personas, sin mencionar los riesgos extraordinarios a su vida y su seguridad debido a los enfrentamientos entre grupos armados por el control de estas áreas de producción.
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Algo que llama la atención en esta parte de la cadena, es que según el informe, las mujeres que se dedican a raspar y procesar coca específicamente reciben un pago desigual con respecto a los hombres, a pesar de realizar los mismos trabajos. Es decir, se ven afectadas por las mismas brechas de desigualdad de género que existen en la legalidad.
En el caso del tráfico de drogas, los testimonios sugieren que es en este eslabón de la cadena donde el trabajo que las mujeres realizan afecta más directamente a sus familias. Esto ocurre porque, según el informe, existe una desproporción con respecto a las penas de cárcel que reciben las mujeres por cometer delitos asociados al transporte y comercialización.
Al ser privadas de su libertad por mucho tiempo, ocurre una descomposición en el contexto familiar de estas mujeres que impacta económica y emocionalmente a sus familiares. Debido a que el núcleo familiar se rompe y estas mujeres quedan separadas de sus hijos o personas a su cargo, la calidad de vida de todos se deteriora.
Este deterioro se puede ver reflejado tanto en las precarias condiciones de confinamiento y seguridad al interior de la cárcel, como en el hecho de que al no estar presentes, por lo general sus familiares quedan expuestos a la influencia de las mismas redes criminales para las cuales ellas trabajaban.
Por último, en el caso de que además de producir y comercializar, las mujeres se dediquen también al consumo de droga, las afectaciones son aún mayores.
Además del impacto biológico y psicológico que existe al momento del consumo, según UNODC quienes deciden utilizar estas drogas sufren de una doble estigmatización social como consumidoras y como mujeres consumidoras. En estos casos también aumenta de manera significativa su condición de vulnerabilidad frente al abuso sexual.
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