Recientes reformas al Código Penal de Ecuador podrían permitir que las "mulas" de droga arrestadas, sean consideradas víctimas en lugar de criminales, un paso pionero hacia el reconocimiento de que en ocasiones estas personas se ven obligadas a traficar droga, pero uno que podría crear una complicada zona gris en la ley.
El nuevo Código Penal de Ecuador (pdf) –que fue aprobado en enero del 2014 y que se espera entre en vigor en algún momento de 2015- penalizará el tráfico de droga según las cantidades transportadas, informó El Comercio. La cantidad de droga que constituye tráfico de "menor", "mediana", "alta" y "gran" escala según la nueva ley, todavía tiene que ser definida por el Consejo de Control de Sustancias Estupefacientes (CONSEP).
La derogada Ley 108 de Ecuador, sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, no hacía ninguna distinción entre traficantes a gran escala y pequeños transportistas, y el 40 por ciento de los artículos de la ley estaban centrados en la sanción penal en lugar de la prevención y rehabilitación.
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Según El Comercio, el objetivo del nuevo Código es también abrir la posibilidad de incluir el tema en el programa de protección de víctimas y testigos, con la condición de que se proporcione información que conduzca al arresto de los responsables.
"Por primera vez, esta ley califica que la mula puede ser una víctima", dijo el defensor público nacional, Ernesto Pazmiño.
Análisis de InSight Crime
Aunque el tráfico de droga a nivel internacional puede generar ganancias extremadamente altas, muchas personas en Latinoamérica se ven obligadas a realizar esta tarea por los amenazas de los grupos criminales contra ellos y sus seres queridos, o para pagar una deuda.
El tema ha sido reconocido en algunas ocasiones por otros países de la región, como fue el caso de un arquitecto mexicano obligado a traficar cocaína a Estados Unidos, a quien un tribunal estadounidense impuso una condescendiente sentencia de seis meses en prisión.
La nueva legislación de Ecuador parece dar un paso más en esta dirección, derrocando el código anterior que había sido fuertemente criticado por el actual presidente Rafael Correa y otros políticos por sus condenas desproporcionadas.
Sin embargo, las reformas pueden crear nuevas dificultades jurídicas al distinguir entre mulas voluntarias y no voluntarias. Al depender de su cooperación como un testigo, la gente que lleva droga simplemente para su beneficio personal podría reclamar el estatus de víctima para su beneficio propio, mientras que aquellos obligados a realizar esta actividad podrían permanecer en silencio por temor a las repercusiones para ellos o sus familias.
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