El abandono de las multas ambientales por deforestación ilegal en Brasil ha desatado un escándalo político, que podría llevar a la destitución de un ministro del gabinete y a que los gobiernos estatales infrinjan las políticas del presidente Jair Bolsonaro.
El 6 de julio, el Ministerio Público Federal solicitó la dimisión del ministro de medio ambiente Ricardo Salles por la “desestructuración dolosa de las estructuras de protección del medio ambiente”. También se señala que Salles deliberadamente redujo el número de multas ambientales aplicadas a su punto más bajo en 20 años, pese al evidente aumento récord de los incendios forestales, y que despidió a inspectores ambientales luego de que realizaran operativos sorpresa exitosos contra grupos criminales.
Las multas ambientales han sido una de las consecuencias más visibles de la posición del gobierno de Bolsonaro frente a la deforestación. En abril de 2019, el presidente Bolsonaro expidió un decreto que permitía a quienes habían sido castigados con esas multas evitar su pago mediante la realización de “acciones de recuperación y protección ambiental”.
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El resultado fue inmediato. En mayo de 2020, Human Rights Watch (HRW) denunció que el cobro de esas multas básicamente se había paralizado desde octubre de 2019.
Los agentes federales aplicaron “miles de multas por deforestación ilegal y otras infracciones ambientales […] desde octubre”, pero los nuevos protocolos emanados de la oficina de Salles implicaron que solo cinco de esas multas se pagaran realmente, según el informe de HRW.
La caída de las multas ambientales es aún más drástica al mirarla año a año. De 2018 a 2019, el número de multas impuestas por el organismo de protección ambiental Ibama colapsó en 34 por ciento en la región del Amazonas, según Folha de São Paulo.
Pero cuando los incendios forestales alcanzaron otro récord alarmante en junio, hubo muestras de que los gobiernos estatales comenzaron a apartarse de la línea de Bolsonaro.
En junio y julio, el estado central de Goiás realizó una serie de operativos sorpresa e impuso numerosas multas a dueños de tierras particulares a quienes se sorprendió realizando deforestación ilegal en sus propiedades.
Y en una videoconferencia sostenida con el vicepresidente Hamilton Mourão a finales de junio, los gobernadores de la región del amazonas se comprometieron a aumentar las multas, entre otras acciones de protección ambiental, y criticaron la falta de coordinación con las autoridades federales, como informó AF Notícias.
Análisis de InSight Crime
Las multas ambientales no son un disuasor especialmente efectivo para los grupos criminales y terratenientes dedicados a la deforestación ilegal en Brasil. Evidencias de gobiernos anteriores desde el año 2000 muestran que era raro que se hiciera efectivo el pago de multas superiores a US$10.000.
Sin embargo, se han convertido en un punto crítico que facilita medir hasta qué punto el gobierno de Bolsonaro ha levantado aparentemente cualquier restricción sobre el saqueo de la selva tropical del Amazonas.
El desconocimiento de las multas impuestas por los fiscales ambientales también resta importancia al trabajo que realizan estos funcionarios en la investigación de la tala ilegal y otros delitos en el Amazonas. Peor aún, el jefe del departamento de protección ambiental Ibama fue despedido en abril presuntamente por realizar su trabajo demasiado bien y ejecutar un operativo para impedir la tala ilegal en territorios indígenas del estado de Pará, al norte del país. Su destitución fue enfatizada en las acusaciones del Ministerio Público en contra de Salles.
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“Los agentes federales están trabajando mucho para hacer cumplir el estado de derecho, en este caso las leyes ambientales de Brasil, muchas veces corriendo un riesgo personal considerable, solo para que sus esfuerzos sean saboteados por la administración Bolsonaro”, expresó en un comunicado Maria Laura Canineu, directora de Human Rights Watch para Brasil.
“Las redes criminales violentas que destruyen la selva tropical del Amazonas y el disfrute de los brasileños de un medio ambiente saludable no serán impedidas por multas que no tienen la obligación de pagar”, añadió Canineu.
Hay indicios de que el gobierno de Bolsonaro está empezando a sentir mayor presión. En mayo, se desplegó a miles del soldados del ejército en el Amazonas para combatir la deforestación y no demoraron en reportar la imposición de multas por valor de 7,5 millones de reales (US$1,4 millones), además del embargo de maquinaria y vehículos usados para esta práctica ilegal.
Aun así, puede que la operación no reporte un beneficio financiero, pues el despliegue militar costó 60 millones de reales (US$11,2 millones), equivalente al 86 por ciento del presupuesto anual de los entes de regulación ambiental en Brasil, según Greenpeace.
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