65 personas han escapado de la cárcel en menos de 15 días en Honduras, lo que pone de relieve la crónica debilidad del sistema carcelario del país.
Recientemente se ha presentado una ola de fugas en las cárceles de Honduras, donde 65 reclusos han escapado de tres centros penitenciarios entre el 28 de abril y el 11 de mayo, informó El Heraldo.
El último incidente ocurrió el 11 de mayo, cuando 23 miembros de la pandilla Barrio 18 escaparon de la cárcel de Támara en circunstancias que todavía no están claras. La fuga no fue dada a conocer públicamente por la directora del Instituto Nacional Penitenciario, Rosa Gudiel, sino hasta el 13 de mayo.
Las autoridades creen que algunos de los presos podrían haber escapado para evitar ser trasladados a cárceles de máxima seguridad, informó El Heraldo en otro artículo.
César Nájera, director de la cárcel de Támara, fue suspendido temporalmente mientras se lleva a cabo una investigación. Varios guardias de la prisión, responsables de las áreas donde se presentaron las fugas, han sido detenidos y están siendo investigados.
La fuga en Támara se presenta después de varios incidentes similares en otros centros penitenciarios. El 28 de abril, unos 30 miembros de las pandillas "Chirizos" y Barrio 18 escaparon de un centro correccional de menores. Nueve de ellos fueron recapturados poco después. Sin embargo, otros 10 jóvenes lograron escapar del centro menos de dos semanas más tarde.
Además, se informó sobre otra fuga en el centro de Choluteca el 12 de mayo, cuando dos internos escaparon.
Análisis de InSight Crime
El hecho de que en el lapso de dos semanas hayan podido escapar 65 reclusos—un promedio de cuatro por día— es asombroso, incluso para un país con una crisis crónica penitenciaria como Honduras.
Como InSight Crime ha informado previamente, las cárceles de toda la región, incluyendo las de Honduras, se han convertido en incubadoras de los grupos del crimen organizado. Según la organización londinense, Instituto de Investigación sobre Política Criminal (ICPR por sus iniciales en inglés), el hacinamiento, que es un factor que contribuye a la criminalidad en las cárceles, llegó al 162 por ciento en Honduras en agosto de 2016.
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El elevado número de personas en las prisiones es quizá resultado del enfoque de mano dura adoptado por las autoridades hondureñas frente al problema de seguridad pública. Pero también subraya la falta de diferenciación entre convictos y personas en prisión preventiva. En el año 2016, el número de detenidos en prisión preventiva había alcanzado los 9.100 —el 53 por ciento de la población carcelaria total, según el ICPR—.
En medio del hacinamiento y de las terribles condiciones de vida, las pandillas han tomado el control de las penitenciarías, y según los informes llevan a cabo actividades criminales desde allí.
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Como respuesta a esta situación, en septiembre de 2016 el presidente Hernández anunció "una profunda reestructuración" del sistema penitenciario del país. Ese mismo mes, El Pozo, una nueva instalación de máxima seguridad en el departamento de Santa Bárbara, comenzó a recibir a sus primeros reclusos. Pero como InSight Crime lo ha advertido, si las autoridades no logran erradicar la corrupción entre los guardias de las prisiones y no promueven las reformas judiciales necesarias, estos esfuerzos no producirán los resultados esperados.
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