El creciente descubrimiento de narcoavionetas en Guatemala ha vuelto los ojos, una vez más, sobre las fallidas estrategias del gobierno para abordar el narcotráfico.
En lo que va de 2019, las autoridades han detectado 30 aeronaves que transportaban drogas, según datos del Ministerio de la Defensa reportados por Prensa Libre.
El descubrimiento más reciente tuvo lugar el 26 de agosto en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en el departamento fronterizo de Petén. La avioneta estaba incendiada y cerca de ella se encontraron 210 paquetes de cocaína, según reportó Prensa Libre.
Unos días antes, el 17 de agosto, las autoridades habían interceptado otra avioneta ilegal en el mismo parque. Esta vez llevaba 422 paquetes de cocaína y se detuvo a 10 ciudadanos mexicanos y a uno colombiano, reportó Periódico Correo.
El 9 de agosto se descubrió una nueva narcoavioneta, esta vez con 171 paquetes de cocaína y los restos de dos hombres de nacionalidad mexicana, en una pista clandestina en el departamento de Suchitepéquez al sur del país, según informó La Hora.
Un día antes, el ejército de Guatemala había encontrado una avioneta incinerada que contenía 30 paquetes de cocaína en una pista clandestina ubicada entre Las Pilas y Nueva Candelaria, en el departamento de Retalhuleu, también en el sur del país.
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Durante años, Guatemala ha sido identificado como uno de los puntos claves en la ruta de transporte de drogas hacia México y Estados Unidos.
En el transcurso de 2019, las autoridades han incautado 11.741 kilos de cocaína en todo el país, según cifras oficiales reportadas por Televisa. Esto representa un crecimiento en comparación con el mismo periodo de 2018, cuando se incautaron 5.753 kilos.
Análisis de InSight Crime
Los vuelos cargados de drogas que pasan por Guatemala no son un fenómeno nuevo, pero su creciente frecuencia se debe casi que con toda seguridad al aumento de los cargamentos de cocaína que salen de Colombia rumbo a Estados Unidos. Y su aumento también ha generado dudas acerca de la estrategia de Guatemala para hacerles frente.
Las narcoavionetas están entre los vehículos aéreos más utilizados para transportar drogas porque es fácil obtenerlos y son difíciles de interceptar, como Óscar Giovanni Pérez Figueroa, un vocero del Ejército de Guatemala explicó a Prensa Libre.
Pérez Figueroa dijo que entre los vehículos detectados en Guatemala este año se encuentran seis jets. Estos vehículos son aún más efectivos porque tienen mayor capacidad de carga (pueden llevar entre tres y cinco toneladas de mercancía) y combustible, lo que les brinda más autonomía de vuelo, además de ser más veloces que las avionetas.
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Pero entre las principales razones por las que las narcoavionetas resultan una herramienta efectiva para los narcotraficantes es la falta de controles efectivos por parte de las autoridades, muchas veces causada por la falta de herramientas como radares o aeronaves con capacidad suficiente.
“Aterrizan las aeronaves, bajan, descargan, las queman, desocupan el lugar, y como a la hora o bien hora 45 minutos están llegando nuestras unidades en helicóptero”, Pérez Figueroa dijo a Prensa Libre.
En otros casos, los vuelos se han visto facilitados por la corrupción de funcionarios corruptos.
En mayo de 2018, tras el hallazgo de una aeronave accidentada que iba cargada de precursores químicos utilizados en el procesamiento de cocaína, una operación condujo al arresto de cinco trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) señalados de omitir los controles aéreos correspondientes.
Pero fue una de las operaciones más recientes la que generó interrogantes sobre la verdadera efectividad de la estrategia oficial.
El miércoles 4 de septiembre, tres soldados del ejército de Guatemala murieron y cinco resultaron heridos en medio de un confuso episodio en una comunidad en El Estor, departamento de Izabal.
Según la versión oficial de los hechos, los soldados perseguían una avioneta que, creían, llevaba droga en su interior, como reportó Nómada, lo que los llevó a entrar en una comunidad cercana donde, según las autoridades, fueron atacados. Miembros de la comunidad cuestionan esta versión de los eventos.
En respuesta, el presidente Jimmy Morales decretó un estado de sitio en unos 20 municipios en seis departamentos, el cual fue aprobado por el Congreso el 7 de septiembre. El estado de sitio tendrá una duración de 30 días y limitará la libertad de acción, locomoción y manifestación, entre otros derechos.
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