El gobernador del departamento de Loreto, Perú, está siendo investigado por recibir fondos de campaña de narcotraficantes, lo que arroja luz sobre los endémicos vínculos entre políticos locales y crimen organizado en el país.
El fiscal general de Perú anunció una investigación en torno al gobernador Elisbán Ochoa, cuya llamativa campaña electoral en octubre pasado estuvo acompañada de grandes conciertos, caravanas de vehículos y la presencia de estrellas de la televisión. Según RCR Perú, las acusaciones contra Ochoa señalan que la financiación para estos espectáculos fue proporcionada por un poderoso grupo de Loreto conocido como "clan Mamalancha", que controla la distribución de drogas en toda la región amazónica.
Hasta el momento no se han levantado cargos contra Ochoa, quien niega las acusaciones e insiste en que su opulenta campaña fue financiada por sus amigos. Pero el caso es sintomático de un problema endémico en el país: el control de la política local por parte de los clanes del narcotráfico.
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Si bien las lucrativas exportaciones de drogas de Perú están en general controladas por actores extranjeros, la producción local y el comercio son gestionados por clanes familiares. Estos clanes protegen sus lugares de operación penetrando estructuras políticas locales y asegurando la participación oficial mediante el financiamiento de los llamados "narcocandidatos".
En 2014, la policía antinarcóticos de Perú afirmó que 115 candidatos políticos tenían vínculos con el narcotráfico, y después de ese momento la situación parece haberse deteriorado. Antes de las elecciones locales de 2018, el analista de seguridad Jaime Antezana advirtió de una “inmensa ola” de narcocandidatos, pues había financiación de campañas con dinero de las drogas en 18 regiones del país.
Sin embargo, las investigaciones formales han sido pocas y espaciadas.
Análisis de InSight Crime
Con investigaciones en curso en torno a cuatro expresidentes implicados en el escándalo de Odebrecht, se ha esperado que Perú lidere la lucha de la región contra la corrupción. Sin embargo, el actual presidente, Martín Vizcarra, elegido con base en una plataforma anticorrupción, ha guardado silencio en lo que respecta a los dineros de las drogas en la política local de Perú.
Aunque el caso Odebrecht sacudió a la clase política de Perú, también les ha permitido a políticos hábiles utilizar el escándalo internacional para debilitar a sus rivales. Enfrentar a los narcocandidatos requerirá una exploración nacional más profunda, con el fin de desentrañar los sistemas que se encuentran en la base de la política peruana.
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Los clanes del narcotráfico patrocinan a candidatos políticos no solo para que les ofrezcan protección, sino también para que faciliten el lavado de dinero a través de proyectos de obras públicas, lo que significa que el dinero de las drogas está profundamente incrustado en las economías públicas locales. Los clanes también financian proyectos sociales y equipos deportivos, estableciéndose como benefactores de las comunidades. Es difícil ganar las elecciones sin su apoyo.
Esta corrupción a nivel local se filtra hasta las instituciones nacionales. En 2018, Antezana identificó a 21 presuntos “narcocongresistas”, añadiendo que "aquí [los clanes] no tienen miedo de la Agencia Antinarcóticos o la Policía Nacional porque saben que estos organismos están en gran medida […] controlados por ellos".
En este contexto, Ochoa llamó la atención por su flagrancia, que hizo que su conducta fuera imposible de ignorar. Si bien la decisión de investigarlo es una señal positiva, su caso puede ser apenas la punta del iceberg.
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