La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se refirió recientemente a la magnitud de las actividades de lavado de dinero de los narcotraficantes del país, como una manera de buscar apoyo para una nueva legislación de confiscación de activos a través del Congreso.
“En los últimos cinco años, los narcotraficantes lavaron US$269 millones”, dijo Bullrich durante una ponencia ante tres comisiones del Senado. La ministra de Seguridad se refirió además a un informe del año 2009, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que señala que los narcotraficantes argentinos ganan en conjunto cerca de US$1,1 mil millones anualmente, informó La Nación.
Según La Nación, Bullrich estaba tratando de persuadir a la Cámara alta para que apruebe un proyecto de ley que fortalecería la capacidad del gobierno para confiscar activos obtenidos ilícitamente. El proyecto de ley ya fue aprobado por la cámara baja, a pesar de las resistencias de la oposición política.
La legislación propuesta le permitiría al gobierno confiscar los bienes de los traficantes incluso antes de que los tribunales dicten sentencia.
“Nosotros buscamos una herramienta para quitar inmediatamente los bienes, para que los narcos no puedan seguir utilizando ese dinero para hacer crecer el negocio”, dijo Bullrich.
La ministra de Seguridad dijo además que los bienes confiscados irían a la arcas del gobierno con el fin de proveer equipamiento para el personal de seguridad y financiar proyectos sociales.
Análisis de InSight Crime
Los intentos de Bullrich por obtener la aprobación de nuevas leyes de confiscación de activos sugieren que la administración del presidente Mauricio Macri está buscando atacar las finanzas de los grupos de narcotraficantes. Los programas de expropiación de bienes pueden ser una herramienta muy útil para las fuerzas seguridad que intentan desmantelar las estructuras criminales, pero también son propensas a la corrupción y la manipulación por parte de quienes supervisan los bienes una vez estos llegan a ser propiedad del gobierno.
Esta propuesta señala además un cambio con respecto a la política antidrogas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde que Macri asumió el poder en diciembre de 2015, Argentina ha tomado algunas medidas, como la aprobación de una nueva política de derribo de aviones sospechosos de llevar drogas, la declaración de una emergencia de seguridad nacional y la firma de una serie de acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos.
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La fuerte posición de Macri con respecto al narcotráfico surge como resultado de la creciente evidencia del importante papel que Argentina juega como punto de tránsito y destino para la cocaína. La Asociación Antidrogas de la República Argentina declaró recientemente que hay al menos 1.500 pistas de aterrizaje clandestinas que permiten que los aviones cargados de drogas entren furtivamente al país.
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