Narcotraficantes siguen minando el proceso de paz en Colombia

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La captura de un poderoso disidente de las FARC quien habría cobrado un millón de dólares a narcotraficantes para incluirlos en el proceso de paz en Colombia haciéndolos pasar por guerrilleros desmobilizados, deja al descubierto algunos de los desafíos que todavía enfrenta la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Luis Eduardo Carvajal, alias “Rambo” era, hasta su captura en 2018, un importante líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se lo acusa de cobrar a narcotraficantes para acreditarlos como miembros de la extinta guerrilla y así ser cobijados por la JEP.

Uno de los casos más destacados es el de Olindo Perlaza Caicedo, alias “Olindillo”, quien le habría pagado un millón de dólares a alias Rambo para beneficiarse de la garantía de no extradicción que ofrece la JEP para crimenes cometidos por la exguerrilla antes de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. Olindillo fue detenido la semana pasada.

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Hasta abril de 2019, la JEP ha expulsado del proceso a 43 personas a quienes se les comprobaron falsos vínculos con las FARC y que por lo tanto quedaron a disposición de la justicia ordinaria colombiana.

El Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia de Colombia, Miguel Ceballos, dijo que una investigación a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y la policía de Colombia había encotrado a algunos de los “más grandes narcotraficantes del mundo” escondidos dentro del sistema de la JEP, reportó Red Noticias.

Rambo, un excomandante de la columna Daniel aldana de las FARC, enfrenta una posible extradición a los Estados Unidos bajo cargos de obstrucción a la justicia.

Análisis de InSight Crime

Los intentos de los narcotraficantes por ampararse en la JEP son un tema recurrente en la discusión sobre el proceso de paz y sus implicaciones para el crimen organizado en Colombia. Aunque las FARC salieron del panorama criminal, el tráfico de drogas es ahora más productivo que nunca.

Al menos seis narcotraficantes lograron escabullirse en las listas iniciales de las FARC. Sin embargo, se comprobó que su actividad ilegal se enfocaba exclusivamente en controlar la producción, el procesamiento o el envío de cocaína al exterior. Esto evidencia una ventana de oportunidad que les permitiría continuar con sus actividades criminales sin la persecución judicial.

Luego de un ejercicio de verificación, la JEP decidió expulsarlos y actualmente están en la mira de la Fiscalía General de la Nación. Algunos de ellos ya han sido capturados, se les aplicó la figura de extinción de dominio sobre sus bienes y están en proceso de extradición.

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Además, quienes hayan posibilitado la inclusión de estos personajes en los listados de las FARC podrían ser expulsados inmediatamente del proceso. Este es el caso de Rambo, quien no solo siguió delinquiendo, sino que además convirtió esto en un negocio personal.

Un narcotraficante, Segundo Villota, logró obtener informes de inteligencia falsos, falsificó planes y documentos del Bloque Oriental de las FARC y hasta modificó un cuadro de la organización para intentar demostrar que era un exguerrillero.

La pronta expulsión de narcotraficantes del proceso de paz con las FARC permite disipar las dudas de quienes han cuestionado a la JEP y consideran que se presta para criminales que solo quieren evadir la extradición.

Este también es un mensaje para los excombatientes de la guerrilla. Las contundentes sanciones para aquellos que apoyen o promuevan el narcotráfico —o la infiltración de mafiosos en la justicia transicional— dejan claro que no recibirán ningún tratamiento especial por parte del Estado colombiano.

Si bien el proceso de paz ha tenido serias dificultades en su fase de implementación, la exclusión de narcotraficantes por parte de la JEP es un paso adelante para evitar un mayor reciclaje de las economías criminales en el país.

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