Al menos 345 candidatos políticos en Perú tienen condenas vigentes por crímenes que incluyen tráfico de drogas y terrorismo, indicando una cultura de impunidad entre la élite política del país, y planteando serios interrogantes sobre sus estándares electorales.
Según Francisco Tavara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las condenas más comunes fueron por incumplimiento de obligación alimentaria, informó El Comercio. Sin embargo, algunos crímenes fueron más serios. Tres de los candidatos para las elecciones de octubre 5 han sido condenados por tráfico de drogas, tres por terrorismo, tres por violación, y tres por secuestro.
La República informó que ninguno de los candidatos condenados por tráfico de drogas había admitido su historial criminal en las declaraciones juradas. Tavara señaló que estos candidatos serán remitidos a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para que “aplicando la ley puedan ser excluidos [de las próximas elecciones]”.
Además de estos tres candidatos, Julio César Díaz Carrasco, actual alcalde del distrito de Cochorcos en el noreste departamento de La Libertad, ha sido condenado por tráfico de drogas y planea presentarse a la reelección.
Análisis de InSight Crime
La cantidad de candidatos con historial criminal resalta el serio problema de corrupción y vínculos criminales entre los políticos peruanos. Tres de los presidentes recientes del país han estado implicados en actividades criminales, incluyendo al expresidente Alan García, investigado por presuntamente haber participado en un esquema de pagos por indultos. El año pasado, tres gobernadores, cinco miembros del Congreso y 11 alcaldes fueron investigados por tráfico de drogas, y la Procuraduría Anticorrupción ha revelado que actualmente el 92 por ciento de los alcaldes del país están siendo investigados por corrupción.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Perú
Este grupo de candidatos parece ser particularmente problemático. Sólo la semana pasada, el ministro de Interior Daniel Urresti, quien actualmente está siendo investigado por un asesinato, afirmó que 115 candidatos para las próximas elecciones han sido vinculados a casos de tráfico de drogas.
El hecho de que candidatos que han sido condenados por terrorismo, secuestro, tráfico de drogas y violación, hayan logrado pasar la etapa de las declaraciones bajo juramento en el proceso electoral, indica que faltan mecanismos efectivos para sacar a los criminales del sistema electoral del país. También muestra cómo los candidatos creen que las autoridades electorales o no se darán cuenta que tienen un historial criminal, o no prevendrán que se postulen para estos puestos. Las dos cosas son señales preocupantes del esparcimiento de la cultura de la impunidad en el país.