El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia indicó que el poder judicial no bloqueará los esfuerzos de los legisladores para garantizar una amnistía a guerrilleros de las FARC por presuntos delitos de narcotráfico, uno de los puntos más controvertidos en el proceso de paz de Colombia.
El 17 de septiembre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos afirmó que pensaba que era posible definir el narcotráfico como “delito político”, “cuando es utilizado como herramienta para sostener económicamente los fines políticos de la confrontación armada”.
Poco después, la Fiscalía General divulgó un comunicado con las declaraciones completas de Bustos, significativas por la incertidumbre existente sobre si los cabecillas del grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) serán extraditados a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico.
Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), los tribunales estadounidenses han encausado como mínimo a 60 guerrilleros de las FARC por cargos de narcotráfico y delitos conexos.
Las FARC participan en diálogos de paz con el gobierno colombiano desde 2012, y el problema de la posible extradición a Estados Unidos ha ensombrecido las negociaciones durante largo tiempo. En un escenario posible, los líderes de las FARC podrían ser amnistiados de la extradición, si los poderes judicial y legislativo de Colombia decretaran que participaron en narcotráfico para financiarse durante el conflicto armado.
Los comentarios de Bustos dan a entender que por ahora el poder judicial colombiano apoya la posición del presidente Juan Manuel Santos en la materia, y está preparado para considerar las actividades de tráfico de drogas perpetradas por las FARC como “políticas” más que criminales. Santos ha dicho que el actual proceso de paz del país no tendrá éxito si el gobierno no puede garantizar que tras desmovilizarse los guerrilleros no serán procesados por delitos relacionados con las drogas.
Análisis de InSight Crime
Las afirmaciones de Bustos suscitaron críticas de los opositores más prominentes al proceso de paz en Colombia: el expresidente y actual senador de la república Álvaro Uribe, y el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado. Si bien era de esperarse, esto es una señal de la dura tarea que enfrenta la administración de Santos: vender la posibilidad de una amnistía a las FARC al público colombiano.
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Las FARC han dicho anteriormente que la guerrilla quiere “cero cárcel”, un escenario que los colombianos hartos de la guerra tienen muy pocas probabilidades de tolerar. Tampoco es probable que el gobierno pueda imponer justicia a las FARC en una forma que complazca a los opositores radicales al proceso de paz, como el expresidente Uribe. Sin embargo, como lo señalara el experto jurista colombiano Rodrigo Uprimny en una entrevista con Verdad Abierta (fragmentos de la cual fueron reproducidos en inglés por WOLA), si el gobierno no logra convencer a otros escépticos, "la paz está perdida".
Es posible que el gobierno de Santos aún pueda valerse de la disputa legal, como la aprobación de leyes que definan el narcotráfico como delito político en ciertos casos, para evitar la colosal tarea de crear un consenso político más sólido en torno al proceso de paz. Las declaraciones de Bustos pueden ser otro indicio de que el gobierno está dispuesto a tomar este camino.
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