Negligencia de la UPP muestra deficiencias del programa de seguridad de Río de Janeiro

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En medio de nocivos recortes presupuestales y de la pérdida de la confianza ciudadana, las autoridades encargadas de la emblemática iniciativa de seguridad de Río de Janeiro, en Brasil, se niegan a atender los llamados de los residentes de ciertas áreas consideradas “de alto riesgo”, lo que demuestra los retrocesos del programa, que antes era muy valorado.

Según informes de incidentes obtenidos por Extra, la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de Río de Janeiro se ha negado a dar respuesta a los llamados que pueden terminar en confrontaciones violentas con actores criminales.

Así, por ejemplo, a comienzos de este mes, la UPP del barrio Vila Cruzeiro se negó a responder a un informe de un residente que afirmaba haber encontrado el cadáver de su hermana.

“Esa favela está dominada por gánsteres”, le dijo un agente de la UPP a Extra. “Hay áreas en las que sólo se puede entrar en grupo. No vamos a poner nuestras vidas en peligro”.

Un incidente similar se presentó en octubre de 2017. Los agentes de la UPP se negaron a atender un llamado, aduciendo que la residencia donde se hallaba el cuerpo “se encuentra en un área peligrosa, y se requeriría una gran operación para poder ingresar a la zona”.

El programa UPP, que comenzó en el año 2008, fue aplaudido inicialmente por los logros obtenidos en la disminución de las tasas de crímenes violentos en algunas áreas de Río de Janeiro, pero en los últimos años ha sido objeto de críticas crecientes, dado que la situación de seguridad de la ciudad ha empeorado.

Desde 2013, una crisis presupuestaria, resultado de la mala administración y la corrupción, ha llevado a la reducción del 32 por ciento en los gastos de seguridad de Río. El año pasado, la administración de algunas UPP se fusionó con la de batallones de la policía militar de la región, y en el presupuesto de 2018 se asignaron solamente 10.000 reales (cerca de US$3.000) para el mantenimiento de todo el programa.

Los recientes cambios administrativos no han sido la única señal de los problemas del programa. Las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la UPP, incluida la tortura y el asesinato, en el año 2013, de Amarildo de Souza, un albañil de la favela de Rocinha, han deteriorado la confianza de la comunidad en el programa.

Análisis de InSight Crime

El programa UPP, que solía ser reconocido por sus logros en materia de seguridad en Río, ha sufrido grandes reveses debido a las dificultades económicas en todo el estado y a la falta de confianza de la ciudadanía, lo cual ha contribuido a la incapacidad de las unidades para operar en áreas en las que se pretendía recuperar el control que ejercen los grupos criminales.

La idea original del programa UPP consistía en llevar las fuerzas de seguridad a las zonas bajo el control de los criminales, lo que permitiría restablecer la presencia del estado mediante iniciativas socioeconómicas que buscaban disminuir el apoyo de la comunidad a dichos grupos.

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Sin embargo, los recortes presupuestarios impidieron el desarrollo de los programas socioeconómicos propuestos y aumentaron los incentivos para la corrupción entre los miembros de la policía, cuyos salarios no llegaban a tiempo o no eran pagados en su totalidad. Además, las fallas en la capacitación y la supervisión de los agentes condujeron a abusos por parte de la UPP, lo que disminuyó la confianza de la comunidad en su misión. (Estudios recientes muestran que quienes interactúan más con el programa tienden a tener una imagen menos positiva de los agentes de la UPP.)

La falta de reacción ante los llamados de los residentes subraya las carencias del programa UPP hasta el momento, y probablemente reducirá aún más la confianza en la iniciativa.

Asimismo, las actuales dificultades financieras de Río obstaculizarán las acciones correctivas. Algunos altos funcionarios, entre ellos el comandante del ejército, han advertido contra la creciente participación de los militares en las operaciones de seguridad de las autoridades civiles. Pero parece que la tendencia hacia la militarización continuará, dada la falta de apoyo político a las estrategias alternativas de lucha contra el crimen.

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