Un reciente informe señala que las autoridades de México no enviaron a análisis los fragmentos óseos hallados en relación con la investigación de Ayotzinapa, ni exploraron más a fondo el área donde fueron encontrados, lo que demuestra el alto nivel de negligencia en el manejo del caso por parte del gobierno.
En diciembre de 2014, casi tres meses después de que 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieran en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre, los investigadores retiraron cientos de fragmentos óseos de un área en las afueras de Cocula, conocida como La Carnicería.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada en ese entonces por Jesús Murillo Karam, nunca envió los fragmentos para un análisis genético ni extendió la búsqueda en la zona del estado de Guerrero, según informó El País, con base en documentos oficiales a los que tuvo acceso.
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Fue en esa misma época cuando la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto presentó su “verdad histórica” del caso. Según esta versión, un grupo criminal de la región, conocido como Guerreros Unidos, había desaparecido a los estudiantes con la ayuda de las fuerzas policiales municipales y luego incineró sus cuerpos en un basurero de Cocula, para luego desechar los restos en el río San Juan, que pasa cerca de allí.
Esa versión fue desacreditada más tarde por un equipo forense internacional que determinó que los estudiantes no podrían haber sido incinerados en el sitio que las autoridades señalaban.
Esta última inconsistencia es particularmente relevante dadas las nuevas conclusiones en el caso. En julio de este año, las autoridades revelaron que uno de los fragmentos óseos encontrados en noviembre de 2019 cerca de La Carnicería como parte de las nuevas búsquedas pertenecían a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Pero los restos fueron hallados lejos de la zona indicada según la “verdad histórica” de Peña Nieto, una prueba más de que la versión no estaba basada en hechos reales. Según El País, esto también genera dudas acerca de cómo llegó el fragmento allí, si Rodríguez Telumbre fue asesinado en ese lugar y si el fragmento de hueso era suficiente para determinar si de hecho fue asesinado.
Análisis de InSight Crime
Si bien los descuidos de la PGR durante la administración de Peña Nieto son inauditos, no dejan de ser sorprendentes dadas las muchas irregularidades descubiertas desde 2014, todo lo cual sugiere que su administración no estaba realmente comprometida con el descubrimiento de lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos.
Al asumir el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió reabrir la investigación y estableció una Comisión para la Verdad y el acceso a la Justicia dedicada al caso. Desde entonces, las familias de los estudiantes desaparecidos han instado a su administración a seguir trabajando con expertos internacionales para garantizar que los datos y pruebas nuevos se cotejen y analicen adecuadamente para evitar otra falsa “verdad histórica”.
En los primeros meses de este año hubo algunas luces de esperanza.
En marzo, un juez federal emitió órdenes de captura contra varios funcionarios del gobierno acusados de mala conducta en el caso. Y en junio, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, anunció cargos contra más funcionarios estatales. Entre ellos se encuentra Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de México (AIC), quien lideró la investigación inicial sobre la desaparición de los estudiantes. Zerón se encuentra actualmente prófugo y enfrenta cargos de tortura y desaparición forzada.
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Posteriormente, Animal Político informó que las autoridades han detenido a otros 34 individuos presuntamente involucrados, con lo que el número total de detenciones asciende a 80, según Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación.
En el sexto aniversario de la desaparición de los estudiantes, el presidente López Obrador dijo que se habían emitido órdenes de captura contra los “autores materiales e intelectuales” del crimen, incluidos miembros del ejército y agentes de la policía federal y municipal.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos y muchas otras personas han estado exigiendo constantemente que las autoridades investiguen más a fondo el papel que los soldados mexicanos pudieron haber desempeñado en la desaparición.
* Esta noticia fue actualizada el 27 de septiembre de 2020, después de que las autoridades mexicanas anunciaran una serie de órdenes de captura contra miembros de las fuerzas armadas y policiales relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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