Líderes empresariales de Acapulco están exigiendo un pacto de paz entre los ciudadanos, el gobierno y los cabecillas del crimen organizado, en una reacción desesperada que pone de relieve la incapacidad del gobierno para reducir la violencia y la extorsión en la ciudad más peligrosa de México.
En una conferencia de prensa reciente, Laura Caballero Rodríguez, presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera, solicitó una reunión con representantes del gobierno y ciudadanos locales para discutir los problemas generados por la actividad criminal en Acapulco, según informó Milenio.
“El llamado es también para nuestros hermanos de la delincuencia organizada, a quienes les pedimos de la manera amable nos den unos días sin violencia mientras llevamos a cabo una reunión con el gobierno estatal y la sociedad en general” para discutir una propuesta de pacificación, dijo Rodríguez.
Rodríguez también pidió que el gobierno deje de gravar a los dueños de negocios locales, pues son incapaces de pagar los impuestos y a la vez las extorsiones a los criminales, según informó El Universal. Según Rodríguez, 200 empresas en la principal zona turística de Acapulco se han visto forzadas a cerrar sus tiendas debido a los pedidos por extorsión y a la inseguridad.
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La reunión está programada para el 13 de abril, y Rodríguez espera que 50 cabecillas criminales locales acepten posteriormente los términos para un pacto. Si la reunión no congrega un quórum, Rodríguez dijo que los líderes del comercio llevarán a cabo una campaña de relaciones públicas para disuadir a la gente de visitar la zona del puerto turístico de Acapulco.
Análisis de InSight Crime
La violencia en Acapulco se ha disparado en los últimos años. Según El Universal, la ciudad ha tenido más de 200 asesinatos en 2016, y el año anterior fue calificada como la ciudad más peligrosa de México, con una tasa de homicidios de 105 por cada 100.000 habitantes.
Esta violencia está siendo impulsada por la competencia de los grupos criminales que buscan controlar Acapulco, que está situado en el tumultuoso estado de Guerrero —una importante región para la producción y el tránsito de droga—. La ciudad, con su puerto y sede de muchos negocios que sirven a la industria turística, ofrece un objetivo tentador para contrabandistas y extorsionistas. De hecho, los negocios locales se han quejado anteriormente por tener que pagar tarifas de extorsión a múltiples grupos criminales.
Ahora, parece que los líderes comerciales de Acapulco se están haciendo cargo del problema por sí solos. Aparte del éxito o fracaso de la iniciativa, el llamado de Rodríguez a una reunión de la comunidad, y las amenazas de disuadir a los turistas de visitar Acapulco, ejerce presión sobre los gobiernos locales y estatales para reducir la inseguridad y proteger a los ciudadanos.
Además, aunque es poco probable que el gobierno deje de gravar a los negocios locales victimizados por la extorsión, esta propuesta llama la atención sobre el problema, avergonzando a los funcionarios de Acapulco, y quizás los obligue a tomar medidas para enfrentar las estructuras criminales paralelas en la ciudad.
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