Las cárceles de Nicaragua están gravemente superpobladas. Según informes, en los últimos dos años Nicaragua ha liberado el equivalente al 80 por ciento de su población carcelaria, una polémica medida que busca aliviar la superpoblación pero que carece de transparencia.
El 22 de febrero, funcionarios del gobierno de Nicaragua anunciaron que 8.149 presos recibieron libertad condicional desde 2014; de ellos, 845 han recibido este beneficio en lo que va corrido de 2016. En octubre de 2014, la población carcelaria del país era de unos 10.500 presos, según cifras del gobierno publicadas por World Prison Brief.
Según un portavoz del gobierno nicaragüense, los presos habían sido condenados por delitos menores y estaban cumpliendo condenas de menos de cinco años; su liberación hace parte de una "política humanitaria de reconciliación y unidad de las familias nicaragüenses".
Los términos de la liberación establecen que los convictos deben reportarse periódicamente ante la prisión donde estaban recluidos, contar con un familiar que firme como garante de su liberación, y acatar ciertas condiciones, como no entrar a lugares de juegos de azar o donde se consuma alcohol, informó El Nuevo Diario.
Algunos grupos de derechos humanos y opositores al gobierno criticaron la medida por considerarla una intromisión política en el sistema judicial y por su falta de transparencia, especialmente en cuanto a los criterios que los funcionarios utilizarían al momento de decidir quiénes reciben libertad condicional, informó La Prensa.
Análisis de InSight Crime
Como en gran parte de Centroamérica, las cárceles de Nicaragua sufren de graves condiciones de hacinamiento, y seguramente es esto, más que el deseo de reconciliar a las familias, lo que ha motivado la liberación masiva de presos nicaragüenses.
El sistema penitenciario de Nicaragua sólo tiene capacidad para unos 5.000 reclusos, y hasta el año 2010 la población permaneció estable con una cantidad de entre 6.000 y 7.000 presos, según las estadísticas de World Prison Brief. Sin embargo, desde entonces la población ha crecido hasta llegar a más de 10.000 internos, lo que ha llevado a aterradoras condiciones en las instalaciones que se ceden ante el hacinamiento.
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Tratar de reducir el hacinamiento mediante alternativas diferentes a las penas privativas de la libertad puede ser una opción viable en determinadas circunstancias. Atiborrar las cárceles con delincuentes menores puede ser enormemente contraproducente, pues puede destruir familias, obligar a los delincuentes menores a convivir con criminales experimentados y llevar al colapso de los sistemas penitenciarios.
Sin embargo, dicha política debe ser aplicada de forma cuidadosa y transparente, pues de lo contrario existe el riesgo de que se genere una situación como la de Venezuela, donde más de 13.000 prisioneros fueron liberados, con una casi completa ausencia de supervisión y control.
En Nicaragua, la falta de transparencia del gobierno hace difícil determinar si estas liberaciones fueron una respuesta considerada cuidadosamente para minimizar el impacto de una crisis existente, o una reacción instintiva, y mal planificada, ante dicha crisis.
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