Paraguay sólo cuenta con un juez encargado de llevar los casos de contrabando, una afirmación sorprendente en un país donde el tráfico de bienes de contrabando, como el azúcar y el tabaco, es un problema endémico que da cuenta de la incapacidad del sistema judicial para enjuiciar eficazmente este tipo de delitos.
Humberto Otazú, el único juez designado por la Corte Suprema de Justicia para manejar los casos de contrabando, le dijo al medio de comunicación paraguayo ABC Color que hasta el momento ningún caso de contrabando ha llegado a la etapa de juicio oral. Los casos mayores, que involucran a grandes empresas —como el de las 1.400 toneladas de azúcar que fueron incautadas en junio de 2014—, todavía están siendo litigados, mientras que algunos casos menores, como el de los vendedores ambulantes que comercializan productos de contrabando, raramente son procesados, señaló el juez.
Según ABC, este año la Unidad Interinstitucional de Combate y Represión al Contrabando (UIC) de Paraguay ha capturado a 53 personas e incautado cerca de US$2,7 millones en bienes de contrabando.
El presidente Horacio Cartes —quien ha sido investigado por sus conexiones con el comercio de cigarrillos de contrabando— creó la UIC en 2013. Los fiscales dicen que desde entonces han incautado cerca de US$260 millones en bienes de contrabando.
Análisis de InSight Crime
El contrabando es un comercio lucrativo en Paraguay. Según declaraciones de un funcionario del gobierno en 2013, el país pierde anualmente cerca de US$100 millones como consecuencia de esta actividad. Sin embargo, los datos proporcionados por la UIC sugieren que esta cifra subestima el verdadero alcance del contrabando en el país.
El coordinador de la UIC incluso se ha referido a este comercio como una “avalancha incontenible”. Y si bien todo tipo de mercancías —como aparatos electrónicos, frutas, verduras, cerveza y gasolina— pasan a través de las porosas fronteras del país con Brasil y Argentina, tradicionalmente los casos más flagrantes están relacionados con azúcar y cigarrillos.
En un estado de Brasil, las autoridades incautaron más de ocho millones de paquetes de cigarrillos de contrabando en 2013, la mayoría de los cuales habían sido introducidos ilegalmente por la frontera con Paraguay. Así mismo, los cigarrillos de Tabesa, una de las compañías tabacaleras más grandes de Paraguay, que es propiedad del presidente Cartes, han inundado los mercados ilegales de México, Argentina, Brasil y Colombia.
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En particular, un caso en el que estuvieron involucradas varias empresas paraguayas e implicó la incautación de 160 toneladas de azúcar en marzo de 2014, enfrentó un revés importante cuando la agencia aduanera decidió despedir a los agentes encargados de la investigación.
Adicionalmente, la insuficiencia del sistema judicial del país para manejar incluso los casos más sencillos agrava esta problemática. En 2013, en la región de la Triple Frontera, un importante centro de contrabando, se descubrió una red de jueces corruptos que presuntamente impusieron sentencias indulgentes a varios narcotraficantes. Por otra parte, en el departamento de Amambay, que se encuentra en la frontera con Brasil y es un importante centro de tráfico de cocaína y marihuana, sólo hay una fiscal antidrogas.
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