Un reciente caso de trabajo infantil en Tumaco, Nariño al sur occidente de Colombia, da cuenta de la situación que viven niños, niñas y adolescentes que participan en el cultivo y la producción de coca a lo largo del país.
El 13 de octubre, el diario El Espectador publicó un especial relatando la precaria condición en la que se encuentran 10 sedes educativas en la vereda de El Tandil en el departamento de Nariño, lo que ha ocasionado que muchos niños dejen sus estudios y terminen trabajando en la producción de droga que se da en la zona.
De acuerdo con la información reportada, las escuelas se encuentran en tal grado de abandono, que los mismos pobladores han tenido que financiar la restauración de los planteles y pagar con su propio dinero a los pocos profesores que continúan dictando las clases.
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Según el diario, el dinero con el cual intentan mantener las escuelas proviene mayoritariamente del cultivo de coca, que es la principal economía con la cual se sostiene esa región.
Pero a pesar de los esfuerzos de la comunidad, el especial asegura, que las cifras de deserción escolar continúan aumentando. En 2016 a la escuela asistían 650 estudiantes, en 2019 tan sólo van a clase 288.
Según testimonios recogidos por el diario, los niños que dejan su educación terminan en la mayoría de los casos raspando hoja de coca en las plantaciones de sus familias o vecinos.
Muchos pobladores afirman que al no poder garantizar la seguridad de sus hijos ante la situación de violencia que ocurre en la zona prefieren no enviar a los menores al colegio.
Análisis de InSight Crime
Tal como ocurre en El Tandil, el abandono estatal, la falta de oferta institucional y el boom cocalero, han empujado a miles de niños a lo largo del país a trabajar en el narcotráfico, bajo la influencia de los grupos criminales que lo controlan.
La explotación infantil que ocurre en Nariño alrededor de la producción de droga se ve replicada en departamentos como Cauca, Antioquia y Norte de Santander donde también se da esta economía ilegal.
Si bien no hay datos exactos que describan esta problemática en particular, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) seis de cada 100 menores de 17 años trabajan en Colombia.
Una de las principales razones que estimula este tipo de trabajo infantil alrededor del cultivo y procesamiento de coca es el abandono estatal en que muchos de estas zonas se encuentran.
En lugares como El Tandil, son pocas las vías de acceso que permiten el cultivos y distribución de productos agrícolas legales debido a los costos en el transporte.
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Ante la falta de garantías por parte del Estado, la oferta institucional para los niños en estas zonas es escasa. No solo por la falta de recursos, infraestructura e incluso profesores, sino más aun por la falta de garantías de seguridad que enfrentan en zonas controladas por grupos armados.
A esto se suma el boom cocalero que viene experimentando el país en los últimos años según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y en la que participan miles de comunidades que ven en la coca su única oportunidad de sostenimiento.
InSight Crime ha podido comprobar por medio de trabajo de campo que la vinculación de estos niños a la criminalidad va más allá de raspar coca. En ocasiones, los grupos criminales atraen a los menores con la promesa de garantizar su subsistencia diaria, un salario mensual y la posibilidad de manejar armamento.
Aprovechando su necesidad y bajo falsas promesas, estas estructuras ilegales mantienen el reclutamiento infantil, exponiendo a los niños y niñas a condiciones de riesgo de abuso físico, sexual y psicológico.
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