Menos del uno por ciento de los crímenes cometidos en México son castigados, según un reciente estudio que llama la atención sobre las graves debilidades estructurales e institucionales que han permitido el crecimiento del crimen organizado en el país.
Según el más reciente Índice Global de Impunidad en México (pdf), publicado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de Las Américas, sólo el 4,46 por ciento de los responsables de los crímenes registrados en México son condenados.
Sin embargo, agrega el informe, sólo el siete por ciento de los crímenes son reportados, lo cual significa que, si se toma este dato en cuenta, más del 99 por ciento de los delitos cometidos en México quedan impunes. El estudio descubrió que las razones más frecuentes para no reportar los crímenes fueron la cantidad de tiempo que ello tarda y la falta de confianza en las autoridades.
El informe también calificó a otros países del mundo mediante la asignación de puntuaciones de impunidad con base en varios factores, que van desde las tasas de reporte de los crímenes hasta la idoneidad de las instituciones de seguridad y de justicia. Entre los países incluidos en el informe, México se clasificó como el segundo peor en cuanto a la impunidad después de Filipinas y el peor en el continente americano, seguido de cerca sólo por Colombia.
El CESIJ considera que los problemas de impunidad de México son el resultado de una combinación de factores, entre los que se encuentran falencias políticas e instituciones débiles, corruptas y con pocos recursos, así como la presencia del crimen organizado.
Análisis de InSight Crime
El informe del CESIJ pone de relieve el que es quizá el mayor obstáculo para mejorar la seguridad en México: los impactantes niveles de impunidad. Ello se debe a razones diversas y con raíces profundas, que tienen su origen en instituciones estatales saturadas y con pocos recursos, que a menudo fluctúan entre la corrupción y la incompetencia.
Tales debilidades en las instituciones de seguridad conllevan a que muchas personas consideren que reportar los crímenes es una pérdida de tiempo, o incluso que es arriesgado debido a las posibles represalias. Sin embargo, esta es sólo una pequeña parte de los problemas de impunidad en México, que continúa teniendo un sistema de justicia sin capacidad para investigar y enjuiciar los crímenes de manera efectiva, lo que significa que incluso quienes son arrestados, a menudo no son condenados.
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Si a todo esto se agrega la interferencia política para ocultar los fracasos gubernamentales o desviar la atención de los escándalos, el resultado es un sistema de justicia inoperante, en el que las personas tienen poca confianza.
El informe del CESIJ incluye numerosas recomendaciones para disminuir los niveles de impunidad en México, como profesionalizar las instituciones, mejorar la transparencia y la cooperación interinstitucional y consolidar instituciones judiciales verdaderamente independientes. Aunque éstos son los puntos más sobresalientes, mejorar el sistema judicial y de seguridad en México requerirá además presupuesto, capacidad operativa y voluntad política, todos los cuales México ha demostrado no poseer.
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