Luego de un motín carcelario en Bolivia, en el que murieron más de 30 personas, y de revelaciones sobre las minieconomías de servicio de las cárceles y los esquemas de extorsión, el presidente Evo Morales dijo que los centros penitenciarios del país no tienen "presencia del Estado" y se comprometió a reformar el sistema.
En declaraciones a las autoridades regionales, Morales admitió que las cárceles estaban bajo el control de grupos de prisioneros que cobraban a otros reclusos cuando entraban por primera vez a la instalación, para obtener seguridad una vez se encuentran adentro, y para asegurar su liberación, informó La Razón. Se necesitan cambios urgentes, dijo, resaltando que el 84 por ciento de los prisioneros ni siquiera habían sido condenados y se encuentran a la espera de un juicio.
"Si el 84% está con detención preventiva ¿dónde está entonces la justicia boliviana?" preguntó el presidente.
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La Razón habló con prisioneros de la cárcel de Palmasola, donde el 23 de agosto murieron al menos 34 personas tras un ataque de los internos de un bloque contra otro. Estos prisioneros dijeron al periódico que "grupos de poder" cobraban el alquiler de las celdas, el movimiento entre los diferentes bloques, las visitas e incluso la asistencia a las audiencias relacionadas con sus casos. "Los derechos de ingreso" van desde US$217 si el nuevo recluso había sido acusado de delitos menores, a US$2.500 si habían sido acusados de narcotráfico, abuso sexual o robo de vehículos.
"(…) hasta por respirar nos quieren cobrar", dijo un recluso de edad avanzada.
Análisis de InSight Crime
El testimonio de los prisioneros a La Razón revela cómo las cárceles de Latinoamérica tienen sus propias economías complejas –y, al igual que en el mundo real, sin dinero no se puede sobrevivir–. Existe una amplia gama de "trabajos" para servir a las economías, desde los "móviles" a los cuales se les paga entre US$0.30 y $0.70 para localizar a un preso en particular para los visitantes, hasta los que venden comida o drogas, pasando por los que se ubican en la administración superior el sistema.
En Bolivia, estos sistemas pueden funcionar para los intereses de los prisioneros. Los líderes de la prisión, conocidos como "delegados", son elegidos para defender a sus compañeros de prisión. El dinero es luego asignado para mejorar la infraestructura, la salud y la asistencia jurídica. Esto contrasta con Venezuela, Brasil y Centroamérica, donde poderosas pandillas en las prisiones controlan todos los aspectos de la vida en el interior.
No obstante, también es claro que existe la extorsión criminal junto con cualquier sistema democrático de "impuestos", y el hecho de que los prisioneros puedan ser obligados a pagar incluso para asistir a las audiencias o asegurar su liberación, resalta la realidad que Morales ha reconocido –que el Estado tiene completamente perdido el control de su sistema penitenciario y se necesita una reforma urgente–.
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