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Nueva evidencia en histórico caso en Argentina sugiere que juez dirigía cartel

ARGENTINA / 22 FEB 2018 POR TRISTAN CLAVEL ES

Un juez federal en Argentina, que alguna vez fue elogiado por sus labores antinarcóticos, enfrenta cargos por colusión con narcotraficantes y reventa de cocaína decomisada, un caso que sienta un precedente e ilustra los esfuerzos del país para luchar contra la corrupción dentro de la judicatura.

Las autoridades argentinas han develado evidencia que demuestra que el exjuez federal Raúl Reynoso puede haber usado su cargo para desviar cocaína decomisada en operativos oficiales de vuelta al mercado negro.

La teoría la respalda el descubrimiento reciente de un documento firmado por Reynoso en abril de 2012 y enviado a funcionarios de la aduana local, en el que el juez autorizaba a dos de sus empleados a usar sus vehículos personales para transportar cocaína previamente incautada y dispuesta para incineración, según informó La Nación el 20 de febrero.

Los fiscales afirman que la cocaína decomisada y destinada para la eliminación nunca se desechó, sino que fue enviada a la frontera hacia Bolivia, para ser revendida a sus originales dueños.

Reynoso, actualmente en prisión preventiva, fue acusado el año pasado de traficar más de una tonelada de la sustancia. El juez también enfrenta otras acusaciones que incluyen un total de dos toneladas de cocaína por un valor estimado de US$12 millones, según La Nación.

Estas nuevas revelaciones se suman a la creciente evidencia de que Reynoso participaba directamente en narcotráfico, pese al hecho de que alguna vez recibiera elogios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por sus once años de carrera en la población fronteriza de Orán, al norte del país, en el límite con Bolivia, un importante punto de ingreso de estupefacientes.

Desde noviembre de 2015, las autoridades han levantado una serie de cargos cada vez más graves contra Reynoso, comenzando con acusaciones de ofrecimiento de penas indulgentes a narcotraficantes a cambio de sobornos.

En relación con el mismo caso, también se han formulado cargos a otros funcionarios. Por su parte, Reynoso sigue negando cualquier delito.

Análisis de InSight Crime

La acusación de que una figura central del aparato judicial —que llegó a tener control de hasta 7.000 casos de narcotráfico en uno de los puntos más estratégicos para el ingreso de narcóticos a Argentina— no solo cooperó con los traficantes, sino que incluso llegó a dirigir una estructura criminal, revela la magnitud de la corrupción en la rama judicial argentina y los desafíos que enfrentan las autoridades en su intento por encarar el problema.

Aunque el caso de Reynoso llama la atención por ser uno de los primeros en los que un juez federal resulta implicado directamente en narcotráfico, no se trata de un hecho aislado. Otros jueces y funcionarios argentinos de prácticamente todas las instituciones del estado que participan en iniciativas antinarcóticos han sido acusados de facilitar las actividades criminales o liderar las estructuras de tráfico.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Argentina

Al mismo tiempo, el caso de Reynoso indica que el gobierno argentino está dando pasos para aliviar el problema de la corrupción en la judicatura.

Se espera que las autoridades revelen dentro de poco las conclusiones de una auditoría interna sobre corrupción judicial, y recientemente anunciaron una modificación profunda del código penal, incluyendo un proyecto de ley que establece sentencias mínimas obligatorias para ciertos delitos, lo que quitaría a los jueves algunas prerrogativas a la hora de formular penas. Esto podría poner freno al uso de coimas para asegurar penas más leves, como se sospecha que ocurrió en el caso de Reynoso, pero es poco probable que el proyecto de ley arroje reducciones importantes en el tráfico de estupefacientes y puede tener consecuencias adversas para los derechos humanos.

En los últimos dos años, la actual administración también ha estado trabajando en una serie de propuestas para hacer cambios estructurales al sistema de justicia penal, que incluye un paso hacia el establecimiento de un mecanismo acusatorio para los procedimientos judiciales. Académicos afirman que ese cambio puede reducir la corrupción y mejorar la eficiencia al liberar a los jueces de gran parte de las facultades investigativas que retienen en los sistemas inquisitoriales predominantes en gran parte de Latinoamérica.

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