El anuncio de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sobre el pedido del Ministerio Público al Congreso para iniciar un antejuicio al presidente Jimmy Morales por presunto financiamiento electoral ilícito despejó dudas sobre la independencia de la funcionaria y está dejando cada vez más solo al presidente.
Porras, flanqueada por el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y por los jefes de las fiscalías contra la impunidad y delitos electorales, detalló en una conferencia de prensa el 10 de Agosto que ha pedido el antejuicio porque el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), de Morales, ocultó donaciones que le hicieron varios empresarios en la campaña electoral de 2015.
La investigación tiene que ver, en específico, con el pago a fiscales de mesa durante la primera y segunda vueltas de las elecciones de aquel año, al cabo de las cuales Morales resultó elegido. Según el Ministerio Público (MP), FCN-Nación solo reportó 103,706 quetzales (poco menos de 14,000 dólares) de unos 7.1 millones de quetzales (casi un millón de dólares) que pagó a fiscales de mesas electorales con las donaciones recibidas de varios empresarios de la elite guatemalteca.
Esta investigación también incluye al partido Encuentro por Guatemala y a Nineth Montenegro, su secretaria general. El MP también acusa a este partido de ocultar financiamiento electoral por 1.7 millones de quetzales (unos 230,000 dólares).
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La petición de antejuicio es la segunda que presentan el MP y la CICIG contra Morales. La primera fue el 25 de agosto de 2017, cuando la fiscal general era Thelma Aldana. En aquella ocasión, los fiscales acusaron a Morales y a su partido de no reportar donaciones e ingresos que el FCN-Nación recibió durante la campaña electoral a las autoridades electorales, entre otras irregularidades. Los aliados del presidente en el Congreso le mantuvieron el blindaje legal.
Porras, la sustituta de Aldana, fue elegida por Morales en mayo de este año (la ley establece que el presidente es quien selecciona al jefe del Ministerio Público). En la última conferencia de prensa que dio antes de dejar el puesto en mayo pasado, Aldana dejó en manos de Porras la decisión de hacer una segunda petición de antejuicio con base en os nuevos elementos que había arrojado la investigación. Porras decidió seguir adelante.
Análisis de InSight Crime
Morales está cada vez más solo. El pedido de la fiscal Porras al Congreso para que levante la inmunidad del presidente, puede hacer tambalear al mandatario.
El presidente de Guatemala emprendió una guerra abierta contra el MP y la CICIG tras la primera petición de antejuicio de agosto del año pasado, que lo llevó a declarar non-grato al comisionado de CICIG, Iván Velásquez, y a orquestar la remoción de varios de sus funcionarios que trabajaban en colaboración estrecha con los investigadores. Según diversos reportes de prensa, Morales también ha utilizado su cancillería para cabildear en Washington y ante las Naciones Unidas en Nueva York contra Velásquez y la CICIG.
Mientras la fiscal Porras guardó silencio sobre la posibilidad de un segundo antejuicio parecía que Jimmy Morales contaba con una aliada. Eso cambió el 10 de agosto. Hoy, la coalición que protege al presidente en el Congreso parece menos sólida; aun así, no parece probable que le levanten la inmunidad.
Sobre el presidente también pesa un caso de presuntas agresiones sexuales contra varias mujeres, denunciado por el excanciller Edgar Gutiérrez.
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