Maduro lanza fuerza cívico-militar en la frontera de Venezuela

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Venezuela busca combatir el contrabando y el narcotráfico en la frontera con Colombia con la recién creada fuerza de tarea conjunta cívico-militar, aunque queda por verse si esta nueva estrategia tendrá realmente algún impacto dada la fuerte corrupción en las fuerzas armadas de ese país.

En otro intento por hacerle frente a las actividades criminales que se presentan en la frontera, el presidente venezolano Nicolás Maduro creó a principios de este mes la figura del Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar, el cual se activará en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, fronterizos con Colombia.

Pedro González Salmerón, designado como secretario ejecutivo del Estado Mayor Fronterizo, “tendrá la tarea de coordinar acciones económicas, sociales, políticas, militares, policiales y comunicacionales en los 2.200 kilómetros de la frontera de Venezuela con Colombia”, declaró el mandatario, según informó El Universal, aunque no ofreció más detalles al respecto.

El grupo de tarea conjunto número uno, ya activado en el estado de Zulia, está conformado por 470 hombres y mujeres del Ejército, la Fuerza Armada, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el CICPC y el Sebin.

Análisis de InSight Crime

La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas, que involucra hasta los más altos mandos en el llamado Cartel de los Soles –un grupo de altos oficiales de las fuerzas de seguridad que cuenta con vínculos profundos con el narcotráfico– ha sido un elemento clave para que el contrabando y el narcotráfico florezcan en los estados fronterizos de Venezuela.

Elementos corruptos de las fuerzas armadas, con intereses personales en el contrabando y el narcotráfico, se han beneficiado durante años de la presencia en la frontera de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de los grupos criminales colombianos conocidos como “bandas criminales” (BACRIM), las cuales han podido operar con relativa facilidad en el país vecino. Los elementos corruptos de las fuerzas de seguridad se benefician del tráfico de cocaína y marihuana, que proviene de Colombia, y el petróleo venezolano subsidiado que se mueve en la otra dirección, entre otras actividades ilegales. 

Esto genera preguntas acerca de cuál será el verdadero impacto de la fuerza recién creada, ya que son los mismos elementos corruptos que han estado involucrados en casos de narcotráfico, los que custodiarán la frontera, y es poco probable que se obtengan resultados importantes en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. 

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